Buscan penaliza la corrupción empresaria

La coalición oficialista intentará el apoyo del Frente Renovador y el Bloque Justicia ta para sancionar en la sesión del miércoles 28, el proyecto que penaliza la corrupción de las empresas contra la Administración Pública.

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La coalición oficialista necesita un consenso con bancadas opositoras dado que tiene 86 representantes y por lo menos necesita alcanzar más de 120 votos para garantizar la aprobación de esta iniciativa, cuya aprobación es impulsada por el Gobierno como uno de los requisitos para que Argentina ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según la información de Telam, el interbloque Cambiemos, que conduce el radical Mario Negri, buscará acuerdos con el massismo y la bancada Justicialista, cuyo referente es Diego Bossio, para superar diferencias que hay en torno a la figura legal del “colaborador eficaz”.

Fuentes de la bancada radical dijeron a Télam que se buscarán “todos los acuerdos con estos dos bloques que comparten la necesidad de penalizar la corrupción empresaria, porque esta iniciativa es clave para Argentina”.

Uno de los puntos que más objetan desde la oposición es la incorporación del “colaborador eficaz”, al que el proyecto oficialista le prevé sanciones económicas pero no penales y que pueda aportar datos sobre hechos de corrupción cometidos antes de la sanción de la nueva ley.

Algunos legisladores opositores señalan que esta figura legal sólo apunta a que la constructora brasileña Odebrecht aporte datos sobre el pago de coimas a funcionarios de la anterior gestión a cambio de que se le otorgaran millonarias obras públicas.

El dictamen de mayoría establece que podrá celebrarse un acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público Fiscal y la empresa que se comprometa a aportar “información o datos precisos, útiles, completos y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes y/o el recupero del producto o las ganancias del delito”.

El acuerdo podrá prever el saneamiento de los actos viciados por los hechos reconocidos y la extinción de acciones sancionatorias y administrativas previa intervención vinculante de la Procuración del Tesoro de la Nación o autoridad equivalente en otros poderes o en las jurisdicciones locales, que deberá pronunciarse en relación al interés público comprometido.

La celebración del acuerdo de colaboración eficaz “no implicará reconocimiento de responsabilidad por parte de la persona jurídica”.
En cambio no hay desacuerdos sustanciales en otros puntos del proyecto, que contempla fuertes multas, la prohibición de participar en licitaciones públicas y la posibilidad de quitar la licencia para operar en el país.

El dictamen que impulsa Cambiemos introduce cambios al proyecto original del Ejecutivo en las multas previstas, dado que disminuye el mínimo al 0,5 por ciento en lugar del 1 por ciento fijado inicialmente y mantiene el máximo del 20 por ciento.

En este sentido, establece que el cálculo se hará sobre los ingresos brutos anuales de la empresa que hubiera cometido el delito.
Para el caso de las personas jurídicas que se hayan constituido en el plazo de 12 meses anteriores a la comisión del delito o no hayan declarado ingresos en el último ejercicio anterior a la comisión del delito, el proyecto del oficialismo prevé multas de entre el 0,5 y el 20 por ciento de los ingresos brutos promedio registrados al momento de la comisión del delito.

Además fija que la recaudación de las multas se destinará a la inversión en infraestructura y equipamiento en materia educativa y de salud.

En cuanto a la suspensión total o parcial de actividades, la iniciativa sobre la que Cambiemos buscará alcanzar un acuerdo determina que no podrá superar los diez años, al igual que en el caso de suspender la marca o patente, en donde se establece que la prohibición de operar no podrá superar la década.

En la iniciativa, se determina además que si una empresa es condenada por delitos de corrupción, se le podrán sacar hasta por el lapso de diez años los subsidios estatales, así como prohibirle la participación en licitaciones públicas del Estado.

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