Los diputados de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados nacional avanzaron con la aprobación del proyecto que modifica y prohíbe el cambio del uso del suelo -entre 30 y 60 años- en las zonas afectadas por incendios forestales.
En una segunda convocatoria a la reunión de la Comisión, los legisladores consideraron el proyecto de autoría de Máximo Kirchner (FDT-Buenos Aires) que propone una modificación a la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, ampliando las restricciones en el uso y destino del suelo: prohíbe realizar modificaciones, emprendimientos inmobiliarios y actividades agrícolas distintas a las que tenían previo al momento del incendio, por 60 años en casos de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, y por 30 años en caso de en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales.
El titular de la Comisión, Leonardo Grosso (Frente de Todos-Buenos Aires), contextualizó que “mientras debatimos esta propuesta, hay cuatro provincias que tienen focos activos” y detalló que alrededor de 900 mil hectáreas fueron arrasadas por el fuego, donde “el 95% de estos focos son el resultado de la acción humana”.
La diputada Daniela Vilar (Frente de Todos-Buenos Aires) fue la encargada de exponer acerca del proyecto de autoría de Máximo Kirchner y dijo que la iniciativa “pretende prevenir que los incendios se generen intencionalmente con fines especulativos” y explicó que “no sólo hablamos de los bosques que ya tienen una legislación, sino de la recuperación del suelo y todos los servicios socio-ambientales que se pierden a partir de los incendios”.
Por su parte, Juntos por el Cambio no acompañó el dictamen. Al respecto, la diputada Josefina Mendoza (UCR-Buenos Aires) objetó que “no crea una mayor protección ambiental, sino que la disminuye” y precisó que el proyecto prohíbe el uso del suelo por 60 años en caso de incendios, cuando la ley de bosques nativos lo prohíbe a perpetuidad. “Estaríamos retrocediendo en la protección de bosques”, argumentó.
Además, Mendoza consideró que la iniciativa no diferencia entre los incendios intencionales o accidentales -se culpabiliza a la persona sin investigar- y valorizó la práctica de la quema como forma de producción, a través del fomento del uso del fuego con usos racionales.
En la misma línea, la vicepresidenta de la comisión, Brenda Austin (UCR-Córdoba), planteó las disidencias al proyecto de parte de Juntos por el Cambio y señaló que “con esta ley no se da mayor protección a los bosques, sino todo lo contrario, dan menor protección. Modifican un artículo de la ley de Manejo del Fuego, de 2017, que estableció una protección a perpetuidad de esos bosques”.
A modo de ejemplo, la cordobesa puntualizó: “Cada vez que una superficie de bosque nativo o bosque no productivo se incendia, no se puede realizar modificación en su uso y destino. Eso está en la ley y es a perpetuidad. Ahora ponen un límite y permite que sí se pueda cambiar”. También sumó que se estaba violando el acuerdo de Escazú, que plantea el principio de progresividad.
Por último, Austin explicó: “En lo relativo a los pastizales, praderas, zonas agropecuarias o matorrales, casi ninguna de las 900.000 hectáreas que se quemaron en la Argentina tienen alguna de estas características. Sabemos dónde están esas zonas, sabemos cuándo se produjo un fuego y cómo afectó a vecinos, campos colindantes. Cuando hay un incendio intencional hay alguien responsable, alguien que tuvo la intención de prender fuego por la razón que sea, pero lo que no vamos a estar haciendo es cambiando la conducta de esa persona irresponsable que está violando leyes hoy vigentes, sino que vamos a estar impactando a todos quienes se vieron afectados por sus acciones”.
La reunión que se extendió durante cinco horas y concluyó con un dictamen de 17 firmas por la positiva acompañado por el Frente de Todos y los bloques aliados -Interbloque Federal y Unidad Federal para el Desarrollo-. Juntos por el Cambio, rechazó el proyecto de ley y se alzó con un dictamen de minoría con 9 firmas.