El ex vicepresidente de Administración y Finanzas de YPF en la gestión de Miguel Galuccio, Nicolás Arceo, cuestionó hoy que se sostenga aún el subsidio a los biocombustibles “con un costo fiscal y un costo externo muy elevado a lo largo de los últimos 15 años”. Actualmente en la Cámara de Diputados se discute un proyecto de ley para los biocombustibles con la intención de renovar el actual vigente, que vence el miércoles de la próxima semana al cumplirse 15 años de su inicio.
En ese sentido, remarcó en declaraciones radiales que “se debería tender a un nuevo régimen que permita abaratar lo máximo posible los combustibles en el surtidor para los consumidores locales, sobre todo en el actual contexto económico”.
Arceo recordó que cuando se sancionó la ley en 2006, cuyo marco normativo está por vencer, “el declino de la producción convencional implicaba la posibilidad de no garantizar el consumo local de combustibles fósiles en las siguientes décadas y eso lo cambió Vaca Muerta en forma drástica”.
Desde 2006 la Argentina otorgó beneficios fiscales para la construcción de plantas productoras de biocombustibles, les aseguró un mercado cautivo al exigir que se los utilice para mezclarlos con la nafta y el gasoil y se los eximió del pago de impuestos.
“El régimen fue pensado en el año 2006, en un contexto diametralmente distinto al que actualmente tiene la economía argentina. Ya no hay una tendencia alcista en los mercados internacionales de los combustibles fósiles, como se verificaba hace 15 años. Pero fundamentalmente la diferencia es que hoy la Argentina tiene una producción de crudo y un nivel de reservas y de recursos que puede garantizar el abastecimiento local, cosa que hace 15 años, antes del descubrimiento de Vaca Muerta, no teníamos”, enfatizó el director de la consultora Economía & Energía.
Arceo explicó que “cuando uno analiza cuál fue el efecto en términos del sector, el régimen promocional de biocombustibles tuvo claramente un impacto fiscal muy significativo con una pérdida de recursos fiscales por casi 6.000 millones de dólares. Implicó un aumento sistemático o un sobrecosto de los precios en surtidor a lo largo de los últimos 15 años”.
