El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha iniciado entre los días 26 y 28 de abril maniobras militares en territorio argentino ilegítimamente ocupado, los que incluyen el lanzamiento de misiles Rapier desde las Islas Malvinas.
“Estas maniobras constituyen una injustificada demostración de fuerza y nuevamente hacen caso omiso de los llamamientos de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, que instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar las negociaciones, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía que involucra a ambos países en la Cuestión de las Islas Malvinas”, enfatizaron desde la Cancillería nacional.
El Gobierno argentino ha denunciado la situación ante el Secretario General de las Naciones Unidas y ante la Organización Marítima Internacional. El pasado 6 de abril, al tomar conocimiento de que este ejercicio iba a producirse, había enviado al Gobierno británico una contundente nota de protesta.
Asimismo, en cumplimiento de sus responsabilidades y obligaciones en el Atlántico Sudoccidental en materia de seguridad de la navegación, y en el marco de la Organización Marítima Internacional (OMI) y de la Organización Hidrográfica Internacional, la Argentina, a través del Servicio de Hidrografía Naval, “emitió el correspondiente aviso náutico con la debida salvaguarda de los derechos de soberanía argentinos, a efectos de que el tráfico marítimo en la zona de los ejercicios militares no sea puesto en peligro por los ilegítimos ejercicios militares británicos”, informaron en un parte de prensa.
Declararon además que “estas maniobras militares demuestran una vez más que la ocupación ilegítima de Malvinas es la excusa para el establecimiento de una desproporcionada base militar. Actualmente cuenta con 1200 efectivos en Monte Agradable y otros 300 civiles que prestan servicios realizando tareas de apoyo. Las Islas Malvinas representan uno de los territorios más militarizados del mundo, teniendo en consideración la cantidad de militares por habitante”.
“Las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur (BFSAI) resultan desproporcionadas” si se tiene en cuenta la persistente voluntad de diálogo expresada por el Gobierno argentino y su deseo de resolver la disputa territorial por medios pacíficos. Al mismo tiempo, el despliegue militar británico en el Atlántico Sur “resulta funcional a los lineamientos políticos de la reciente revisión integrada de seguridad, defensa y política exterior del Reino Unido destinada a mantener una presencia activa en los lugares de interés, considerados estratégicos”, remarcaron.
Este despliegue militar en una zona de paz y desnuclearizada no afecta sólo a la Argentina sino también a los países de la región y de otras regiones, que han expresado su preocupación a través de múltiples pronunciamientos. En particular, la presencia militar, y el lanzamiento de misiles, contradice la resolución 41/11 de la Asamblea General (Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur) que, entre otras disposiciones, exhorta a los Estados de todas las demás regiones, en especial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región.
El Gobierno argentino ha remarcado también que la persistencia del Reino Unido en la realización de ejercicios militares en el Atlántico Sur contraviene específicamente la resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas y hace responsable al Gobierno del Reino Unido por cualquier daño derivado de este nuevo acto violatorio a la Resolución que insta a ambas partes a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales que entrañen la introducción de modificaciones en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso de negociación por ella recomendado. Frente a este nuevo acto de hostilidad, la República Argentina sigue reafirmando su permanente y constante voluntad de negociación entre las dos partes involucradas en la disputa de soberanía.
