La severa crisis social que vivió nuestro país a causa de la hiperinflación de 1989 fue cuna del ProHuerta, el programa estatal que supo promover prácticas productivas agroecológicas y contribuyó a mejorar la seguridad y la soberanía alimentaria en los sectores más vulnerables de la población. A 30 años de su nacimiento, el proyecto vuelve a ratificar sus credenciales para dar respuesta a las graves necesidades que muchos viven a causa de la pandemia de covid-19, alentado, además, por las tendencias de un consumo más saludables.
El 3 de agosto de 1990 se firmó el “acta de nacimiento del programa”, mediante la Resolución N°239 del Consejo Directivo del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), denominado entonces como Proyecto Integrado “Promoción de la Autoproducción de Alimentos (ProHuerta)”, que terminó convirtiéndose en una de las políticas públicas alimentarias más importantes de Argentina y la región. Actualmente, es desarrollado conjuntamente con los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Desarrollo Social de la Nación.
Con no pocas dificultades, dado que el financiamiento inicial que habían prometido se “evaporó”, las primeras experiencias tuvieron lugar en los Centros Regionales que el organismo tenía: Buenos Aires Sur y Santa Fe, las Estaciones Experimentales de Trelew, Mendoza y San Juan, la Agencia de Extensión de Villa María (Córdoba) y en el Gran Buenos Aires, apostando fuerte a la creación de huertas orgánicas, según recordó Daniel Díaz, uno de los primeros en ser convocados por la entonces Secretaría de Agricultura, a cargo de Felipe Solá, para diseñar este programa y quien lo coordinó hasta 2006.
A pesar del escepticismo y los traspiés de los primeros meses, ProHuerta logró consolidarse rápidamente. Así, en 1992, se firmaron los primeros convenios con otras instituciones, como municipios (Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Moreno, entre otros), y otras organizaciones locales. En ese sentido, Díaz destacó que “ProHuerta fue pionero en el vínculo con los gobiernos comunales y organizaciones locales de la sociedad civil, algunas vinculadas a la Iglesia y a la educación”.
La gran aceptación y los buenos resultados favorecieron la expansión en todas las provincias argentinas. Luego de que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación lo incorporara, en 2003, al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, posibilitó que trascendiera nuestras fronteras, brindando asesoramiento o implementaciones en Armenia, Panamá, Colombia, Bolivia y Haití, entre otros países, que le valieron un premio de Naciones Unidas.
“Sin duda, lo que en un comienzo fue un proyecto a corto plazo se convirtió en un camino de crecimiento y cooperación. Ya no caben dudas que el programa llegó para quedarse”, reflexionó Díaz.
Una amplia red
Desde sus inicios, este proyecto “tan solidario y clave en tantos momentos en los que los indicadores socioeconómico de desploman”, creció vertiginosamente, y actualmente, en todo el país cuenta con 637.847 huertas familiares (el 97% del total), comunitarias, institucionales y escolares, en beneficio de más de 4.000.000 de personas, y ha facilitado el acceso al agua a más de 16.000 familias, según precisó la presidenta del INTA, Susana Mirassou, quien además ponderó la participación de más de 9.000 promotores y promotoras.
Mirassou resaltó que “el ProHuerta es la nave insignia del INTA, que busca mostrar cómo se pueden hacer las cosas bien, complementando esfuerzos y poner en el centro de la escena a las organizaciones barriales y rurales e instituciones que se comprometen con la comunidad y hoy, en este contexto de pandemia, adquieren una relevancia central”.
La funcionaria explicó que, en la actualidad, “el trabajo del ProHuerta, además del abastecimiento de las familias, tiene que ver con la comercialización de los excedentes, la producción agroecológica, el acceso al agua potable y el desarrollo de ferias y mercados populares de proximidad, entre otros aspectos”, destacó Mirassou.
En ese sentido, subrayó la tarea de los proyectos complementarios que fueron surgiendo en distintas regiones, como ser radios de comunicación popular -que hoy se suman más de 70 en todo el país-, encuentro de promotores, rescate de especies animales y vegetales así como acceso a los recursos básicos como el agua, el trabajo con pueblos originarios, junto al CIPAF para desarrollar tecnologías y maquinarias, y el armado de una red de trabajo en cárceles, entre otros.
“No existe un programa similar en el mundo con un dispositivo tan persistente por parte del Estado brindado herramientas y políticas públicas más allá de los gobiernos”, concluyó Mirassou.
Cabe señalar que en el marco de este aniversario, el INTA desarrolla un ciclo de charlas virtuales, titulado “Historia y presente”, todos los viernes a las 11 en su canal de YouTube, en el que junto a los pioneros, técnicos, profesionales y promotores, repasan la rica historia de esta iniciativa única en el mundo, su presente y los desafíos futuros para afrontar la nueva normalidad pospandemia.
