El Gobierno prorrogó hasta el 31 de agosto próximo el plazo para que pequeñas y medianas empresas, monotributistas, autónomos y entidades civiles sin fines de lucro como cooperativas, consorcios de propietarios, obras sociales, universidades públicas y clubes de barrio adhieran a la moratoria impositiva, aduanera y de seguridad social.
Lo hizo a través del decreto 634/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial, que vuelve a extender el plazo máximo de adhesión, previsto originalmente hasta el 30 de abril y prorrogado dos veces, hasta el 30 de junio y el 31 de julio, respectivamente. Además estableció que la primera cuota de los planes de facilidades de pago que se presenten desde el 1 y hasta el 31 de agosto, vencerá el 16 de setiembre próximo.
La deuda que puede incluirse en la moratoria es aquella vencida hasta el 30 de noviembre de 2019 y los planes de pago vigentes o caducos, hasta el 23 de diciembre de 2019.
La moratoria es una de las herramientas previstas en la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva para “atender la difícil situación que atravesaban el entramado productivo a finales del año pasado como consecuencia de la política económica del gobierno anterior”.
La herramienta que permite refinanciar en plazos de hasta 10 años toda la deuda impositiva, aduanera y de la seguridad social que tengan los contribuyentes, recobra relevancia en el actual escenario de emergencia sanitaria.
El decreto señaló que “con fundamento en la función esencial del Estado de generar las condiciones necesarias para lograr la recuperación de la actividad y preservar las fuentes de trabajo ante la grave situación que atraviesa la economía como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de ley ampliatorio del régimen de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras”.
Al respecto indicó que “al momento del dictado del presente decreto, el anteproyecto de ley se encuentra en pleno trámite parlamentario” y que “con el objeto de continuar posibilitando la adhesión al régimen de regularización hasta tanto el Congreso debata la oportunidad, mérito y conveniencia de sancionar la ley que extiende y amplía sus condiciones, se estima necesario prorrogar hasta el 31 de agosto de 2020, inclusive, el plazo para la adhesión al régimen”.
