Referentes empresariales se expresaron este viernes en forma unánime a favor de cerrar un acuerdo de pago con los holdouts para acceder a mejores condiciones de financiamiento internacional, en tanto el sindicalismo nucleado en las CGT reclamó participar de la comisión de monitoreo monitorear y el de las CTA fue el único que se manifestó en contra de aprobar el proyecto de ley.
En una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y de Economía realizada en el Salón Azul, las exposiciones arrancaron con el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción,Gustavo Weiss, quien sostuvo que “cualquier no acuerdo es mucho más costoso que un acuerdo” y que “es imprescindible conseguir financiamiento para infraestructura”.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Etchevehere, respaldó el cierre del litigio porque indicó que “es muy importante volver a los mercados” en forma competitiva, al indicar que actualmente el sector se están financiando “con tasas que están alrededor del triple que pagan nuestros competidores”.
El titular de Confederación Rural Argentina (CRA), Dardo Chiesa, confió que actualmente los productores agropecuarios están “en una situación muy desventajosa” en el mercado internacional y “necesitamos inversión” para mejorar las condiciones de producción y de vida en el sector rural.
El titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, manifestó a los legisladores que “si pensamos que acordamos con el FMI y aplaudimos el pago al Fondo, o si acordamos con el Club de París o con Repsol, para tener independencia económica y hacer la política económica que el (anterior) gobierno quería hacer, mucho más nos tenemos que sacar de encima estos acreedores incómodos que no merecemos”.
El presidente del MERVAL, Claudio Pérez Moore, resaltó que “nosotros estamos en el mostrador, donde escuchamos a los inversionistas y tenemos a las empresas que necesitan capitales” y para satisfacer las necesidades ambos “se necesita que los litigios se arreglen”.
El vicepresidente de ADEBA, Sergio Grinenco, señaló que el cierre de la deuda con los holdouts habilitará “también al sector privado la posibilidad de volver a financiarse en el exterior” y resaltó que “se necesita el financiamiento concesional, que es el que se consigue por el lado de la multilateral” para la financiación de “la importación de bienes de capital”.
La CGT Azopardo y la Azul y Blanca pidieron que el sector de los trabajadores participe de la comisión bicameral que seguirán el tema de la deuda externa, aunque no concurrieron ni Hugo Moyano, ni Luis Barrionuevo, quienes delegaron la invitación a dirigentes de la segunda línea de sus respectivas centrales obreras.
Moyano delegó la invitación en el secretario general de Capacitación y Formación Profesional,Carlos Frigerio (cervecero), quien sin pronunciarse en forma taxativa sobre el proyecto en tratamiento dijo que “nosotros sabemos cuáles son las consecuencias de estos acuerdos, los vamos a terminar pagando los trabajadores”.
En lugar de Barrionuevo, Ricardo Cirielli (técnicos aeronáuticos) apoyó el acuerdo porque indicó que “hay que darle un corte definitivo” al asunto “para que haya inversiones en la Argentina”.
El jefe de la CGT-Alsina y secretario general de UOM, Antonio Caló, evitó pronunciarse sobre el pago o no a los holdouts, reconoció no tener la preparación para opinar sobre la cuestión de fondo y le pasó la pelota a “los senadores y diputados” porque es “materia de ellos”.
La CTA- Autónoma de Pablo Micheli y la CTA-De los Trabajadores de Hugo Yasky coincidieron en rechazar el proyecto y, al igual que con las CGT, tampoco estuvieron representadas por sus secretarios generales, que se encuentran fuera del país.
La CTA-Autónoma estuvo representada por el economista Julio Gambina y el ex diputado nacional Jorge Cardelli, mientras la CTA kirchnerista por el gremialista Pedro Wasiejko y el economista Eduardo Basualdo.
Gambina advirtió que “no es real lo que se dice que si resuelve esto llegaran préstamos del exterior. No van a llegar porque estamos en un momento de crisis mundial”.
Wasiejko cuestionó el proyecto porque habilita un nuevo ciclo de endeudamiento que“compromete la situación económica del país en mediano y largo plazo”.
Basualdo dijo que el pago a los buitres “tiene un alto coeficiente de riesgo” y “produce un recrudecimiento de la fuga de capitales al exterior”.
Fuente: Dyn.
