En el primer día de su tercer mandato, ayer (1), el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó cuatro Medidas Provisionales (MP) y 52 decretos presidenciales, con los que establece la estructura de la nueva gestión federal y sus 37 ministerios.
La MP N° 1.155 garantiza el pago de R$ 600 a más de 21 millones de familias beneficiarias de Auxílio Brasil, que pronto pasará a llamarse Bolsa Família. Los R$ 200 más que cada familia ha estado recibiendo desde junio de 2022 solo se pagarían hasta fines de 2022, cuando se devolvería el valor original del beneficio (R$ 400), pero el gobierno federal pretende convertir el monto adicional en algo permanente.
Con P$ 1.157 se prorrogan hasta el 28 de febrero las exenciones PIS/Pasep y Cofins que gravan las gasolinas y el alcohol carburante, y el diesel oil y biodiesel hasta el 31 de diciembre del presente año.
La MP 1.156 extingue la Fundación Nacional de Salud (Funasa) y transfiere sus competencias a los Ministerios de Salud y de las Ciudades.
Redactadas por los Presidentes de la República en situaciones consideradas de relevancia y urgencia, las Medidas Provisionales son normas con rango de ley, es decir, producen efectos jurídicos a partir de su publicación en el Diario Oficial. A pesar de ello, necesitan ser apreciadas posteriormente por la Cámara de Diputados y el Senado, que pueden rechazar la propuesta, aprobar en su totalidad o proponer modificaciones al texto original. El plazo inicial de vigencia de una MP es de 60 días, pudiendo prorrogarse automáticamente por igual período si no ha sido votada en ambas Cámaras -y si no se aprecia dentro de los 45 días, contados desde su publicación, la MP entra en un llamado régimen de urgencia, paralizando las demás deliberaciones legislativas.
Armas
Los Decretos números 11.325 al 11.376 fueron publicados en el Diario Oficial de hoy (2). La mayoría (41) de ellos versan sobre la estructura regimental y funcional de las carpetas y las Secretarías Generales; de Comunicación Social y Relaciones Institucionales, además de transferir cargos de comisión y funciones de confianza de la Secretaría Especial de Asuntos Estratégicos al recién creado Ministerio de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos, que estará a cargo de la exsecretaria de Presupuesto del Gobierno Dilma Rousseff, Esther Dweck.
Con el Decreto N° 11.366 , Lula comenzó a cumplir una de sus promesas de campaña: restablecer una política de control de armas más severa que la de su antecesor.
La medida reduce la cantidad de armas y municiones permitidas para su uso, supeditando la autorización de portación a prueba de necesidad. También suspende el registro para la adquisición y enajenación de armas y municiones de uso restringido a los cazadores, tiradores y coleccionistas (CAC) y el otorgamiento de autorizaciones para la apertura de nuevos clubes y escuelas de tiro. El decreto presidencial también determina que, en un plazo de 60 días, la Policía Federal (PF) vuelva a registrar todas las armas vendidas a partir de mayo de 2019 y que se cree una mesa de trabajo para discutir nuevos reglamentos.
Ambiente
Los primeros decretos firmados por Lula también se enfocan en políticas para combatir la deforestación en todo el país. El Decreto N° 11.368 autoriza al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) a recaudar donaciones financieras para el denominado Fondo Amazonía para inversiones no reembolsables en acciones de prevención, seguimiento y combate a la deforestación y la conservación y uso sostenible de el bioma amazónico. Financiado por los gobiernos de Noruega y Alemania, el fondo bloqueó alrededor de R$ 3,3 mil millones.
El Decreto N° 11.373 , por su parte, restableció la obligación del Sindicato de destinar el 50% de los montos recaudados por el cobro de multas ambientales al Fondo Nacional Ambiental. Aprobado en el decreto original de julio de 2008, el porcentaje se redujo al 20% en diciembre del mismo año, habiéndose mantenido hasta ayer.
El Fondo Nacional también está contemplado por el Decreto N° 11.372 , que amplía la participación no sólo de la sociedad civil en el colegiado, sino de los propios órganos del gobierno federal, que también estarán representados por nominados de los Institutos Brasileños de Medio Ambiente y Energía Renovable. Resources (Ibama) y Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (Ibama).
Revocaciones
Lula también revocó otros siete actos de Bolsonaro. El acto normativo N°11.369 deroga el Decreto N°10.966 que instituyó el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala y la Comisión Interministerial para el Desarrollo de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala.
El Decreto N° 11.370 extingue el Decreto N° 10.502 que estableció la Política Nacional de Educación Especial: Aprendizaje Equitativo, Inclusivo y Permanente. Según la nueva gestión, el extinto decreto “segregaba a niños, jóvenes y adultos con discapacidad, impidiendo el acceso a la educación inclusiva”.
El Decreto N°11.371 deroga los Decretos N°9.759 y 9.812 , que redefinieron los lineamientos y funcionamiento de los órganos colegiados federales.
El Decreto N°11.374 deja sin efecto tres actos normativos emitidos en el penúltimo día del gobierno de Bolsonaro. El extinto Decreto N°11.321 otorgó un descuento del 50% en las tarifas del Flete Adicional para la Renovación de la Marina Mercante.
Para anular los otros dos decretos 11.322 y Decreto N°11.323 Lula restableció la redacción original de las normas modificadas al final del gobierno de Bolsonaro:, El Decreto N° 10.615 , de 2021, prevé el Programa de Apoyo al Desarrollo Tecnológico de la Industria de Semiconductores (PADIs) , incluyendo créditos financieros otorgados a las empresas participantes.
El presidente también firmó una orden que ordena a la Contraloría General de la Unión (CGU) reevaluar, en un plazo de 30 días, varias de las medidas editadas por Bolsonaro, incluidas las que determinaron el secreto de los documentos e información relacionados con el gobierno y de público interés.
Con información de la Agencia EBC
