Los 14 miembros del directorio de la agroexportadora Vicentin, que llegó a alcanzar los primeros puestos en el ranking de embarques de granos al exterior, fueron imputados hoy por estafa, defraudación y balances falsos por el fiscal de Rosario, Miguel Moreno, quien pedirá en la próxima audiencia fijada para el jueves la prisión preventiva de algunos de esos directivos.
Moreno, fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, imputó a los directivos de Vicentin por el delito de balance falso en concurso real por defraudación y estafa en seis hechos cometidos contra bancos extranjeros damnificados por el default de la empresa, en la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal.
También imputó a todos los ejecutivos por el delito de estafas en carácter de coautor contra las acopiadoras de quienes recibió granos hasta el momento de declararse en estrés financiero y posterior cesación de pagos, precisaron fuentes judiciales santafesinas.
Daniel Néstor Buyatti (presidente de Vicentin) fue imputado además en forma personal por el delito de apropiación indebida de tributos, y junto al resto de los directivos recibió la imputación por el delito de estafa contra el Banco Macro, una de las instituciones financieras locales afectadas por las maniobras de Vicentin, junto a los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires.
El juez que interviene en el caso, Román Lanzón, deberá decidir pasado mañana si dicta la prisión preventiva de algunos directivos, medida que será solicitada por el fiscal en el entendimiento de que pueden influir para alterar el proceso, o si acepta la oferta de fianza ofrecida por la empresa por una suma de US$ 5 millones.
Al concluir la audiencia, el fiscal Moreno señaló que “si bien la pena contemplada por estafa es de seis años, por la acumulación de delitos imputados estamos en condiciones de pedir la pena máxima, que son hasta 50 años”.
Entre los directivos de Vicentin, sólo Máximo Padoan hizo declaraciones a la prensa al retirarse y manifestó su “desconcierto” por la imputación.
Durante la audiencia del jueves los defensores de los imputados harán su descargo, ya que señalaron que tienen que analizar en detalle una evidencia electrónica de 36 millones de archivos que les llegaron a último momento.
Además de las diligencias de los principales acreedores y bancos perjudicados, la semana pasada el Banco Nación pidió que se investigue a la consultora que auditaba los balances de Vicentin, dados los elementos que permitieron deducir la falsificación documental, aún cuando los auditores adujeron que la caída de la empresa en 2019 fue una crisis que arrastraba desde años anteriores.
A los imputados se les atribuye haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 que contenían información financiera falsa consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresa.
La fiscalía sostiene que también confeccionaron y presentaron ante los bancos internacionales, informes trimestrales correspondientes a los períodos enero 2017, abril 2017, julio 2017, enero 2018, abril 2018, julio 2018, enero 2019, abril 2019 y julio 2019.
Esos informes exhibían una aparente sólida situación patrimonial de Vicentin “con el fin de ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades financieras y así, provocaron bajo error disposiciones patrimoniales que superan los USD500 millones en virtud de líneas de créditos acordada”.
A los imputados se les atribuye haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 que contenían información financiera falsa consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresa.
La fiscalía sostiene que también confeccionaron y presentaron ante los bancos internacionales, informes trimestrales correspondientes a los períodos enero 2017, abril 2017, julio 2017, enero 2018, abril 2018, julio 2018, enero 2019, abril 2019 y julio 2019.
Esos informes exhibían una aparente sólida situación patrimonial de Vicentin “con el fin de ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades financieras y así, provocaron bajo error disposiciones patrimoniales que superan los USD500 millones en virtud de líneas de créditos acordada”.
Con información de Telam
