El próximo 30 de junio vence la prórroga de una de las medidas más injustas aplicadas en los últimos años. Se trata de lo dispuesto oportunamente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a través de la Comunicación “A” 7931, que establece un recargo en la tasa a los productores de trigo y soja con más del 5% de existencias de la última cosecha con un interés 20 puntos superior a la tasa establecida. Esta norma comenzó en la administración de Alberto Fernández y fue renovada en diciembre del año pasado por el gobierno de Milei.
Para la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias “se trata de un gravamen que va a contramano con la desregulación y la liberación económica pregonada por la actual administración nacional y en ese sentido, los productores agropecuarios de la Argentina esperaban ansiosos la derogación de dicha medida, pero ante la fecha límite al menos aguardan que no se renueve”.
La Mesa de Enlace consideró que el Gobierno “está ante una inmensa oportunidad de subsanar un grave error que resulta arbitrario y desconocedor de las costumbres y operatorias del mundo agropecuario como lo es acopiar parte de su producción para hacer frente a las obligaciones y futuras campañas”.
Esta medida, explicaron, ” significa un mayor costo financiero y atenta contra el crecimiento del sector. El campo necesita gestos y en este caso la no continuidad de la norma sería un aliciente, que deberá ratificarse con la quita total de las retenciones -siempre dentro de un esquema razonable- y la eliminación de los impuestos País y al Cheque”.
Resaltan los ruralistas que “los productores agropecuarios no utilizan sus granos de manera especulativa, simplemente guardan parte de su producción como reaseguro, ahorro y hasta forma de pago. Ante ello, esperamos y apostamos por un gobierno que brinde menos intervenciones y una concreta apertura económica, pero estos hechos son una muestra clara de la mano del Estado que no deja de lado viejas recetas del pasado que entorpecen y generan incertidumbre en los productores”.
