En la mañana de este sábado, una tanqueta de la Policía peruana tumbó la puerta de acceso a la Universidad Mayor de San Marcos, en Lima. Dentro del centro educativo acampaban centenares de manifestantes que, provenientes de todo el país, se refugiaban en el sitio.
Según el Ministerio Público, más 200 personas fueron detenidas y algunos acusados de terrorismo. Como parte del proceso, fueron asignados un grupo de fiscales para corroborar el respeto de los derechos humanos de los detenidos en medio de la operación policial.
“En nuestra calidad de defensores de la legalidad, la defensa de los derechos humanos y la prevención del delito estamos constituyendo, no solamente para verificar la situación, sino que también estamos desplegando una serie de actuaciones funcionales como Ministerio Público”, dijo Alfonso Barnechea, fiscal superior provisional y coordinador nacional de las Fiscalías en Prevención del Delito.
Barnechea también informó que se habían recibido denuncias por parte del centro de educación superior sobre presuntos robos a las fuerzas del orden y agresiones por parte de los ciudadanos descontentos que allí se encontraban.
En el contexto de las protestas que se suceden en Perú, comenzaron a llegar, principalmente desde Puno, Cusco y Arequipa, personas que respondieron al llamado de tomar la capital del país para exigir la renuncia de la actual presidenta, Dina Boluarte.
CIDH “preocupada” por los acontecimientos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció respecto al desalojo ocurrido en la universidad capitalina. La CIDH “exhorta con urgencia al Estado a rendir cuentas sobre los hechos y garantizar la integridad y el debido proceso a todas las personas”, rezaba el encabezado de la publicación. En un video adjunto, rezan varias líneas de mensajes.
Se podía leer que “los casos de desalojos forzosos son incompatibles con los principios del derecho internacional”. También que “deben abstenerse de incurrir en detenciones masivas, colectivas e indiscriminadas en contextos de protesta social”.
La ONU pide “garantías en el debido proceso”
Legalidad, proporcionalidad y garantías en el debido proceso. Estos fueron las recomendaciones que hizo la Organizacón de Naciones Unidas en el marco del desalojo. El llamado de atención lo realizó por medio de la misión local de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH.
En un comunicado, la OACNUDH repasó quiénes eran los integrantes del campamento en la universidad, incluyendo organizaciones campesinas e indígenas.
Según el ente de la ONU, “la disposición de las personas detenidas ante autoridades judiciales y la supervisión fiscal es esencial para la protección de los derechos de todas las personas que integran estas delegaciones, así como de los estudiantes residentes en la universidad”, concluyó.
En un análisis citado por la agencia de noticias AP, Eduardo Gamarra, experto en política latinoamericana de la Universidad Internacional de la Florida dejó saber el papel de los grupos indígenas en estas protestas.
Según el académico, quienes salen a las calles son principalmente simpatizantes del expresidente Pedro Castillo que, como primer mandatario rural que tuvo el país, tiene un apoyo amplio en la zona sur del país. Esa área de la nación es fundamentalmente habitada por quechuas y aimaras.
A decir del profesor, ambos grupos están bien relacionados con sus similares de la frontera con Bolivia, un dato que es crucial a la hora de diseccionar las protestas. Analizando la situación, Eduardo Gamarra afirmó que, “sin duda, los aliados bolivianos han estado en el sur de Perú movilizando a los descontentos, y algunos han sido arrestados”.
Con i formación de France24, EFE
