El presidente Alberto Fernández aceptó esta noche la renuncia de Sergio Urribarri como embajador en Israel según informaron fuentes oficiales, luego de conocerse el fallo de los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón que consideraron que “con pleno conocimiento” se “echó mano a fondos” provinciales para un “interés netamente particular”, en referencia a una “campaña para posicionar la imagen de Urribarri como candidato a presidente” en las elecciones de 2015.
Los jueces decidieron condenar a 8 años de prisión efectiva a Urribarri más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $180.000 por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública.
Al respecto, Urribarri expresó desde sus redes sociales que el fallo de primera instancia de hoy es una “clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de derecho”, por lo que anticipó que apelará con la “convicción de que me asiste la razón”.
El tribunal dictó condenas para otros seis imputados por delitos contra la administración pública y se resolvieron cinco absoluciones, entre ellas, la del ex ministro de Turismo, Hugo Marsó y un funcionario fallecido.
En la extensa jornada de este jueves, que se prolongó por más de 13 horas y tuvo varios cuartos intermedios, se dio a conocer el veredicto y el tribunal entendió que en el primer legajo que conforma el Megajuicio, la de la “cartelería” o denominada como “causa de la vaca”, casi todos los imputados fueron responsable de los delitos imputados.
En la “causa de la vaca o de cartelería”, donde se difundió la precandidatura a Presidente de Sergio Urribarri, quedó acreditado para los jueces, que hubo hechos delictivos por parte de todos los acusados, a excepción de dos personas: Maximiliano Sena y Alejandro Almada.
Pedro Báez, en tanto, fue condenado a seis años y seis meses de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua y una multa de $90.000 por peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles; y la misma pena recibió Juan Pablo Aguilera, funcionario del Senado provincial.
En tanto, tres años de prisión condicional y una multa de $90.000 fue la condena para Gustavo Tamay, empleado provincial; Gerardo Caruso, empresario; y Corina Cargnel, contadora de una de las empresas.
Si bien la fiscalía había solicitado 8 años de prisión para Cargnel, los jueces tuvieron en cuenta que “manejaba todo, pero hacía su tarea de contadora y no era funcionaria”.
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A su vez, Emiliano Giacopuzzi recibió la condena de dos años de prisión condicional, al igual que Luciana Almada; mientras que el empresario Germán Buffa fue condenado a un año y dos meses de prisión condicional.
Por otro lado, Maximiliano Cena, Alejandro Almada -ambos considerados testaferros-, Hugo Céspedes -fallecido durante el juicio-, Gustavo Tórtul, y el exministro de Turismo provincial Hugo Marsó, fueron absueltos.
“Utilizaron fondos públicos para un interés netamente particular, disfrazado de un acto de Gobierno. En tal sentido, surge así acreditada la autoría de los imputados en el ilícito atribuido. Ha resultado y ha quedado demostrado con el grado de certeza que estos procesos de contratación, se llevaron a cabo, únicamente por la decisión de dos personas: Sergio Urribarri y Pedro Báez, quienes, en soledad, decidieron a quiénes iban a direccionar estas contrataciones sin ningún otro tipo de funcionario que intervenga en esta fase previa, es decir, con qué medios periodísticos iban a hacer las publicaciones. Únicamente, firmando las órdenes de publicidad, las cuales fueron abonadas en su integridad conforme surge de la documental presentada”, explicó Chemez.
Con información de Telam, El Once y Poder Judicial.