El escrito fue presentado en el Juzgado Federal número 3 en lo Contencioso Administrativo, a cargo de la Dra. Claudia Rodríguez Vidal, donde reclama que se retrotraigan las tarifas de energía eléctrica a los valores previos al aumento dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri.
El escrito, redactado por el cuerpo letrado del municipio, determina “la nulidad absoluta e insanable” de la normativa que regula el aumento, en la medida en que viola parte de la ley que establece el Régimen de la Energía Eléctrica, y desconoce los procedimientos previstos por esta norma para autorizar aumentos tarifarios.
A tal fin solicita en carácter de urgente la nulidad por ilegitimidad manifiesta de la Resolución N° 7/2016 del ministerio de Energía y Minería de la Nación, la Resolución N° 1/2016 del Ente Regulador de la Electricidad y de toda otra norma que se dicte como consecuencia de las anteriores.
La medida cautelar solicitada resalta también la figura del usuario del servicio público como “la parte más débil de la relación de consumo”, dejando en claro que “no se han respetado debidamente sus intereses y el derecho a ser informados con anticipación de la tarifa que pagarán”.
Entre los argumentos de la demanda, se encuentra el incumplimiento del artículo 46 de la ley 24.065 (que establece el Régimen de la Energía Eléctrica). El mismo determina que al recibir una solicitud de aumento tarifario por parte de las empresas distribuidoras, el ente regulador se encuentra obligado a dar “inmediata difusión pública a la misma por un plazo de treinta días y convocar a una audiencia pública para el siguiente día hábil a fin de determinar si el cambio solicitado se ajusta a las disposiciones de esta ley y al interés público”. El escrito establece que la actitud del gobierno macrista es “improcedente, irrazonable y arbitraria”, al fundamentar la omisión de la audiencia pública en un acta acuerdo de renegociación contractual suscripta en el año 2006, que de todas formas no contemplaba aumentos en categorías residenciales.
A tal respecto, el municipio establece que la postura del Ministerio de Energía, “no puede aplicar lisa y llanamente directivas acordadas hace diez años, como si las condiciones no hubiesen variado”.
Asimismo el pedido invoca que “los generalizados incrementos en las facturaciones de los servicios públicos a los que se somete a la ciudadanía, su magnitud e imprevisibilidad vulneran los derechos consagrados en el Art. 42° de la Constitución Nacional”.
En una acción coordinada también presentaron escritos los diputados del Frente para la Victoria Walter Abarca, Eva Ramírez, Valeria Amendolara, Andrés Quinteros, Mariano San Pedro, Alejandra Martínez, Liliana Pintos, Marcelo Feliú, Manuel Elías, Mauricio Barrientos, Alicia Sánchez y Ricardo Moccero en el Juzgado Federal Nº 2 a cargo del Dr. Adolfo Gabino Ziulu
