A pesar de la conciencia de las autoridades acerca de la necesidad de avanzar en fortalecer el INASE, sigue sin constituirse su directorio y no se vislumbran acciones contundentes en pos de combatir el comercio ilegal de semillas para hacer cumplir la Ley.
Para Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) “el INASE continúa aprobando variedades que tendrían doble protección legal por la Ley de Semillas y la Ley de Patentes, contrariando lo que establece la legislación vigente adherida desde 1994 al Acta 1978 de la Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Argentina no admite esta doble protección, o se está en el sistema de obtentor (semillas ley 20.247) o en el sistema de patentes”.
Al respecto, la entidad rural solicitó al INASE por nota que se expida sobre la doble protección en variedades de soja y luego de 3 meses sostienen que “no hemos obtenido respuesta por parte del presidente del INASE Raimundo Lavignolle, a pesar de haberle presentado toda la información formal solicitada sobre CRA”.
Por otro lado, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Agroindustria, “en nuestro país Monsanto insiste con su sistema de intervención privado en el comercio de soja, principal producto de exportación donde Argentina es líder en harina y aceite de soja, imponiendo su cláusula en los contratos de venta de soja y la fiscalización sobre toda esta producción, sea o no soja Intacta, lo que entorpece la comercialización”, sostiene la dirigencia confederada.
Desde la entidad rural cuyo presidente es Dardo Chiesa, explicó que “Monsanto para realizar esta presión sobre el sistema comercial argentino se apoya en una patente que fue otorgada 10 días después de la asunción como presidente de Cristina Fernández de Kirchner en 2007 y que tendría vicios de nulidad. La ley de nuestro país es clara respecto a qué es lo que se puede patentar y qué requisitos una patente debe cumplir, parámetros que la patente sobre la que Monsanto basa sus derechos obviamente no se cumplirían”.
CRA solicita “fortalecer y eficientizar los mecanismos de fiscalización y el INASE, hacer cumplir la ley vigente, derogar los sistemas de intervención privados sobre la comercialización de soja que lleva adelante Monsanto y trabajar en una legislación moderna que respete los derechos de los agricultore” Y agrega que: “De no producirse los cambios necesarios, se vislumbra un nuevo escenario de incertidumbre sobre la comercialización y exportación de soja, y en la incorporación de innovaciones al proceso productivo”.
