El naftazo del 10% pactado entre el gobierno y las petroleras es el cuarto consecutivo en menos de 5 meses de gobierno. En total supera el 30% desde enero a la fecha. Se trata de una medida claramente inflacionaria. Al impacto directo que tendrá sobre los consumidores, debe agregarse el indirecto, que afectará los costos industriales y de transporte, que ya fueron gravemente afectados por los tarifazos eléctricos y de gas.
El gobierno justifica el aumento por la devaluación monetaria que él mismo impuso. Desmiente el relato de campaña de Macri y Prat Gay, que negaban el efecto inflacionario de la devaluación, afirmando que los precios ya se habían adaptado al dólar blue. Sin embargo, el precio en el que las refinerías compran el petróleo en el mercado local se redujo un 12%, ubicándose entre los 55 y U$S 66. Aunque se trata de valores que están por encima de la cotización internacional, permitiendo a las petroleras locales un beneficio extraordinario, se encuentran por debajo de los precios del 2015.
Los aumentos pasados fueron justificados por la necesidad de preservar los puestos de trabajo en las provincias, ante la caída del precio del petróleo. Pero en esta oportunidad las provincias no recibirán ni un peso más, ya que el precio del petróleo se mantiene sin variaciones.
Este aumento beneficia a las empresas que refinan y no extraen petróleo, como es el caso de Shell, ya que podrán aumentar sus precios sin que se haya incrementado el costo del petróleo que deben comprar para refinar. Uno que se llevará una mayor tajada será ministro Aranguren, que al día de hoy sigue siendo accionista del monopolio petrolero anglo-inglés. Elisa Carrió, que oficia de luchadora contra la corrupción, ha callado frente a este hecho de corrupción.
La información periodística destaca, sin embargo, que el aumento fue solicitado por la nueva conducción de YPF. Como ésta extrae petróleo y también lo refina, tiene un margen mayor de ganancias porque está en todos los eslabones de la cadena. El apremio por el aumento no sería por un incremento de los costos, sino por la necesidad de hacer frente a un endeudamiento en dólares que oscila entre los U$s 7.000 y los U$s 8.000 millones y que se ajusta una tasa del 8 o 9%. En este caso, sin embargo, el gobierno no puede ampararse por la “herencia recibida”, ya que él mismo piensa incrementar ese stock de deuda, llevándolo a más de U$s 10.000 millones.
Mientras YPF recibe este beneficio anunció que aplicará un plan de reducción de personal de más de 2.000 trabajadores. Este achique forma parte de un recorte de U$s 4.500 millones de su plan de inversiones, afectando fuertemente la actividad operativa en las cuencas petroleras.
Rechazamos el naftazo, que producirá más inflación y recesión. Le oponemos la nacionalización integral del petróleo y el gas, como parte necesaria de un plan de industrialización dirigido por los trabajadores.