A la par de estas medidas, Casanello le prohibió la salida del país al ex titular de la AFI, Ricardo Echegaray, y lo citó a prestar declaración indagatoria el próximo 3 de mayo.
En una aceleración de los tiempos en la causa que investiga el presunto lavado de dinero, también fueron procesados el hijo del empresario, Martín Báez, junto a César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot y Sebastián Pérez Gadín, quienes aparecen en un video de seguridad contando fajos de dinero en la financiera “La Rosadita”; recursos que Báez admitió como propios.
Casanello los consideró “coautores” del delito de lavado de activos, punible con una pena máxima de diez años, y los embargó por 100 millones de pesos.
En la resolución de 122 páginas que se difundió a través del sitio web oficial de la Corte Suprema, el juez ordenó que tanto Báez como su hijo amplíen la indagatoria el 5 y 6 de mayo.
A Zanzot, dueño de la empresa aérea Top Air, en la que Báez es también accionista, Casanello lo consideró “partícipe necesario” de la operatoria, mientras que a Sebastián Pérez Gadín, lo calificó de “partícipe secundario” del delito de lavados de activos.
Como medidas cautelares patrimoniales, y remarcando “la necesidad de recuperar activos”, Casanello ordenó el secuestro y embargo de los vehículos y bienes registrales de todos los imputados y de la firma “Top Air”.
Dispuso también la “inmovilización y congelamiento de todos los fondos de sus cuentas bancarias” y le sumó el embargo de la póliza del siniestro de las aeronaves perteneciente a la firma, así como el secuestro de los restantes aviones, entre ellos los de matrícula LV-ZSZ, LV-BPL y LV-MBY.
Dentro del mismo paquete de medidas patrimoniales, el juez ordenó la tasación de más de cincuenta inmuebles pertenecientes a los procesados, en su mayoría atribuidos a la familia Báez.
Se trata de viviendas, lotes y chacras y también de los pertenecientes a las firmas “SGI Argentina S.A.”, “Helvetic Services Group S.A.” y “OACI S.A.”.
En otro orden de medidas, el juez federal designó veedores informantes en la empresa Austral Construcciones “a fin de que controlen su giro comercial y su patrimonio”.
Los veedores, indica la resolución, tendrán derecho a “asistir a las reuniones de directorio con facultades para pedir toda la información necesaria para llevar a cabo la función asignada”.
La citación a indagatoria la hizo extensiva a Julio Enrique Mendoza, Claudio Bustos, Eduardo César Larrea, Néstor Marcelo Ramos, directores de Austral Construcciones y de la asociada chaqueña, a quienes también les prohibió la salida del país e inhibió sus bienes.
Casanello también requirió la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF) con el objeto de identificar y localizar todo tipo de bienes de los imputados, como así también las empresas que integran o de las que se beneficiaron, puedan registrar en otros países, en miras de articular la recuperación de activos, productos o instrumentos de las actividades ilícitas investigadas.
De igual manera, el juez federal libró nuevamente exhortos a Suiza, Belice, Panamá, Estados Unidos de Norteamérica, Uruguay y España.
