Un balance regional tras la cumbre climática en Belém, donde la sociedad civil latinoamericana destaca un paso histórico en transición justa, pero advierte retrocesos en financiamiento, adaptación y salida de los combustibles fósiles.
La COP30 dejó sensaciones encontradas para la sociedad civil latinoamericana. Aunque la conferencia avanzó en puntos clave vinculados a la transición justa, quedaron sin respuesta reclamos esenciales para los países del Sur Global, especialmente en materia de financiamiento climático y compromisos concretos frente a la crisis.
Climate Action Network América Latina (CANLA) lamentó que la cumbre no consolidara una discusión sólida sobre la provisión de financiamiento público bajo el artículo 9.1 del Acuerdo de París. La asesora Karla Maass advirtió que el resultado es “mezquino, carente de visión y un desconocimiento de que esta conversación llegó para quedarse”, recordando que la responsabilidad del Norte Global sigue vigente.
En cuanto a adaptación, Daniel Porcel, especialista en política climática del Instituto Talanoa y miembro de CANLA, valoró la adopción de indicadores como un paso positivo, aunque aún insuficiente: “Necesitamos una buena operacionalización que permita medir el progreso y responda a las necesidades reales. La nueva meta de financiamiento carece de la ambición necesaria”.
El principal avance de la COP30 fue, para la región, la creación del mecanismo del Programa de Trabajo de Transición Justa (JTWP). Laura Restrepo Alameda, oficial de incidencia de CANLA, destacó que el Mecanismo de Acción de Belém es “una victoria obtenida tras un año de presión constante”, aunque advirtió que la ausencia de referencias a abandonar los combustibles fósiles deja un vacío serio en el acuerdo final. Desde Ecuador, Javier Dávalos, del Climate Reality Project, celebró el avance como un paso clave para fortalecer la arquitectura institucional de la transición justa. Por parte de México, Jorge R. Martínez, de Oxfam, subrayó que la transición debe centrarse en derechos humanos y laborales para ser verdaderamente justa.
Desde Argentina, Camila Mercure, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), remarcó que “la transición justa no puede construirse ignorando la realidad: sin compromiso explícito de transitar fuera de los combustibles fósiles, la justicia queda incompleta”.
Otro de los puntos críticos fue la decisión del Programa de Trabajo de Mitigación (MWP), que dejó fuera toda referencia a los combustibles fósiles. Alejandro Alemán, coordinador de CANLA, señaló que “es muy difícil confiar en un sistema que pretende hablar de mitigación mientras silencia a los mayores responsables de la crisis climática”.
En relación con las NDC 3.0, Florencia Ortúzar, directora del Programa Clima de AIDA, recordó que si bien las brechas siguen siendo enormes, el Acuerdo de París ha permitido frenar el crecimiento proyectado de emisiones, pero aún lejos del camino compatible con 1.5 °C.
La agenda de pérdidas y daños también quedó con sabor amargo. Adrián Martínez Blanco, director de La Ruta del Clima, afirmó que “un fondo insuficiente y la negación de las obligaciones de reparar siguen siendo elementos centrales del régimen climático”. Desde Chile, Felipe Fontecilla, de Uno Punto Cinco, advirtió que el mecanismo de Varsovia no puede seguir operando desconectado del financiamiento real del Fondo de Pérdidas y Daños.
Sobre Acción para el Empoderamiento Climático (ACE), Felipe Gómez Gallo, de World’s Youth for Climate Justice, llamó a los gobiernos a otorgar prioridad a esta agenda, especialmente ante el diseño del nuevo plan de acción hacia 2026.
El cierre en plenaria dejó otro mensaje fuerte. Según Laura Restrepo Alameda, la intervención juvenil mostró “más visión, valentía y sentido de futuro que muchos adultos aferrados al pasado”, destacando el rol de la juventud latinoamericana en exigir decisiones más ambiciosas.
Finalmente, CANLA reiteró una demanda clara: declarar a la Amazonía como zona de exclusión de combustibles fósiles, como señal urgente y coherente para enfrentar la crisis climática desde el territorio que más importa.
La COP30 concluyó, pero para la sociedad civil latinoamericana la disputa por una agenda climática justa, vinculante y basada en derechos continúa.
