La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que conduce José Voytenco, presentó hoy una denuncia penal por “estafa y asociación Ilícita” contra el diputado Nacional Pablo Miguel Ansaloni y otros tres dirigentes. La documentación que respalda la denuncia describe una maniobra con la que “se habrían quedado con algo más de 10.5 millones de pesos de la obra social del gremio en dos años”. Hasta pasaron facturas de juguetes, joyas y ropa de niños.
La misma quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 12, Secretaría 23a cargo del Dr. Sebastian Casanello. El resultado de la causa es producto de una auditoría que se realizó con la asunción de las nuevas autoridades en la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera), y derivó en un nuevo escándalo en el gremio de los peones rurales. “El trabajo, que ya está en el Juzgado, pudo constatar un festival de viáticos, por sumas millonarias, que se auto-autorizaron los miembros del Consejo Directivo de Osprera”, agregó Voytenco.
Los hechos presentados a la justicia penal describieron un modus operandi que tenía entre sus principales vértices al diputado nacional Pablo Ansaloni, cuando era vicepresidente en la Obra social durante 2018-2019.
El escrito señala que, a pesar de la existencia de una resolución interna de la Obra Social que establecía los valores de viáticos diarios que se debían pagar en concepto de comisión de servicios, los miembros del Consejo Directivo aprobaban sus propias rendiciones. “Esas presentaciones superan en cientos de miles de pesos mensuales al límite máximo permitido y las órdenes de pago eran emitidas por ellos mismos. Era el lobo en el gallinero. Estamos transparentando todo el desastre que hicieron”, argumentó Voytenco en un comunicado de prensa.
En la denuncia, se solicita la investigación por estafa y asociación ilícita a los ex miembros del Consejo Directivo de la Obra Social, Pablo Ansaloni, Marcelo Acevedo, Walter Cáceres y Carlos Caballero. “Hicimos un recuento de cómo acordaron, de manera previa y organizada, afectar el patrimonio de la Osprera en beneficio propio, abusando de sus respectivos cargos. Todo está certificado por una auditoría privada y es una vergüenza por donde se lo mire”, declaró el sindicalista.
Por intermedio de ese modus operandi sólo en 2018 y 2019 los 4 dirigentes «recuperaron» un total de $10.510.559,19. De ellos más de $4.5 millones corresponden a “gastos” de Ansaloni.
A pesar de que una resolución interna de la institución sólo autoriza la rendición de viáticos de comisiones de servicios para los conceptos de alojamiento y alimentación, la auditoría descubrió en las presentaciones del legislador conceptos como ropa de bebe y niños, artículos de perfumería femeninos, muebles, indumentaria y calzados, juguetes y joyas. Incluso presentó facturas con gastos a nombre de su esposa.
En el material respaldatorio, que pidió ser incorporado en la causa que ya se instruye bajo las órdenes del fiscal Guillermo Marijuan, figuran presentaciones en las que Ansaloni declaraba que se encontraba prestando comisión de servicios 30 días al mes, inclusive los sábados, los domingos y los feriados.
La denuncia llega luego que la sala II de la Cámara Criminal y Correccional rechazó la cautelar de reinstalación que había conseguido Ansaloni en la obra social.
