La Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal formalizó la investigación penal contra el exdiputado provincial salteño Luis Gerónimo Cisneros y otros cinco imputados, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando de toneladas de granos hacia Bolivia, utilizando cartas de porte falsificadas.
La medida fue presentada por la fiscal federal Lucía Orsetti ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández, quien dictó la prisión preventiva para Cisneros, Alejandro Fernando Pedraza, Willans Ygnacio Dorado y los hermanos Jean Denis y Leandro Nahuel Toledo. En tanto, Jorge Gabriel Arenas quedó en libertad bajo restricciones.
Además, se ordenó la captura nacional e internacional del empresario Pablo Emanuel Arequipa, considerado uno de los líderes de la organización, que logró fugarse antes de los nueve allanamientos realizados en Salvador Mazza y Tartagal.
Los allanamientos
Durante los procedimientos, se secuestraron más de 10 toneladas de soja y maíz, valuadas en $69 millones, además de armas de fuego, equipos de comunicación, máquinas de contar billetes y abundante documentación vinculada al contrabando.
Uno de los depósitos allanados llamó la atención por su ubicación estratégica: sus fondos desembocaban directamente en territorio boliviano, lo que facilitaba el traspaso clandestino de granos.
Según la investigación, las empresas involucradas en la maniobra fueron LU.MA.CIS SRL, propiedad de Cisneros, y Sergesa SRL y Spray and Seeds Agroservice S.A.S, ligadas a Arequipa. Se habrían utilizado titulares apócrifos para emitir cartas de porte, adulterar documentación y trasladar los granos hacia la frontera, con redirección a depósitos que servían como pantalla.
Una estructura con ganancias millonarias
De acuerdo con los registros, Spray and Seeds Agroservice S.A.S y Sergesa SRL facturaron más de $1.400 millones en 2024, mientras que LU.MA.CIS SRL declaró cerca de $45 millones entre mayo de 2023 y febrero de 2024.
La fiscal Orsetti remarcó la gravedad y complejidad del caso, que además podría involucrar lavado de activos. También destacó la labor de Gendarmería Nacional en el operativo e indicó que la investigación continuará con el análisis de la documentación secuestrada y la información de los teléfonos incautados.
Para el Ministerio Público Fiscal, la fuga de Arequipa y la capacidad de los imputados de cruzar la frontera con facilidad refuerzan el pedido de prisión preventiva, ante el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
Vista aérea del depósito Exeni, cuyo fondo desemboca en territorio boliviano. Foto: Gendarmería Nacional
