El Gobierno de Bolivia convocó a una mesa de diálogo con los sectores movilizados del municipio de San Julián, en el departamento de Santa Cruz, con el objetivo de poner fin a los bloqueos de rutas que ya llevan 13 días y generan importantes complicaciones para el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en distintas regiones del país.
La convocatoria se produce en medio de una creciente tensión social y política que atraviesa la administración del presidente Rodrigo Paz, quien ratificó su apuesta por el diálogo como herramienta para superar la crisis, agravada por la muerte de un manifestante de 24 años el sábado pasado.
Rodrigo Paz defendió el diálogo y anunció una reducción salarial
El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Justiniano, invitó formalmente a las autoridades y dirigentes de San Julián a participar de una reunión en Santa Cruz con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan normalizar la circulación y reducir el impacto económico de las protestas.
Los bloqueos afectan una de las principales rutas que conecta Santa Cruz de la Sierra con Trinidad y la región de la Chiquitanía. Aunque se dispuso un cuarto intermedio durante algunas horas para permitir el paso de vehículos varados, posteriormente la circulación volvió a ser interrumpida.
En paralelo, el presidente Rodrigo Paz defendió públicamente la búsqueda de consensos para resolver los conflictos sociales y rechazó cualquier alternativa basada en la confrontación.
“La metodología del diálogo es mucho más valiente que las armas”, afirmó el mandatario al referirse a las protestas y bloqueos que afectan distintos puntos del país.
Paz sostuvo que Bolivia atraviesa un proceso de transformación económica y política luego de dos décadas de un modelo que, según expresó, dejó estructuras de corrupción y grupos de poder vinculados al manejo estatal.
Entre las medidas impulsadas por su administración destacó la reducción del gasto público, la eliminación de compras estatales directas y la revisión gradual de subsidios a los combustibles, iniciativas que, según explicó, buscan sanear las cuentas públicas y mejorar la eficiencia del Estado.
El mandatario también denunció la existencia de campañas de desinformación sobre supuestas privatizaciones de servicios públicos y aseguró que el Gobierno mantendrá abiertos los canales de diálogo con organizaciones sociales, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos.
En medio de la crisis, Paz anunció además una reducción del 50% en su salario y en el de todos los ministros nacionales. La medida fue presentada como una señal de compromiso frente a la difícil situación económica y social que atraviesa el país.
Actualmente, Bolivia enfrenta problemas de abastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos, mientras distintos sectores productivos e industriales expresan su preocupación por las consecuencias económicas de los bloqueos y la prolongación del conflicto.
Las autoridades esperan que la nueva instancia de diálogo permita avanzar hacia una solución consensuada y evitar mayores perjuicios para la población y la actividad económica.
