En la Provincia de Buenos Aires, los caminos rurales son mucho más que simples trazos de tierra: son arterias vitales que conectan la producción agropecuaria con los mercados, a las familias con la salud, y a los estudiantes con las escuelas. Con una red que supera los 120.000 kilómetros, su estado actual representa uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo productivo, social y territorial del interior bonaerense. Más del 70% de esos caminos está en condiciones malas o regulares, generando costos crecientes, obstáculos cotidianos y un profundo deterioro de la calidad de vida rural.
Esta situación, lejos de ser nueva, es persistente. Y lo más preocupante es que, pese a los diagnósticos reiterados, aún no se han implementado políticas públicas integrales, sostenidas y efectivas que reviertan el deterioro. La falta de planificación, de coordinación y, sobre todo, de decisión política, ha convertido a la infraestructura vial rural en una deuda estructural que frena el crecimiento y profundiza desigualdades.
Cuando un camino se rompe, no solo se frena una cosecha. Se interrumpe el acceso a la salud, la educación y los derechos básicos. En muchas zonas, un camino intransitable significa que un niño no llegue a clases, que una ambulancia no pueda asistir una urgencia, o que una familia se quede aislada por días. Se trata de un fenómeno silencioso de exclusión que afecta con más fuerza a quienes viven lejos de los centros urbanos.
A través del Impuesto Inmobiliario Rural, la Provincia de Buenos Aires recauda anualmente miles de millones de pesos que, según la Ley 13.010, deberían destinarse al mantenimiento de caminos rurales. Solo en 2024, esa recaudación superó los 173.000 millones de pesos. Sin embargo, los resultados no se ven: no hay planificación multianual, no hay transparencia en la ejecución, y no existen indicadores públicos que permitan saber cuánto de lo recaudado vuelve al territorio en forma de mejoras concretas.
La desconexión entre lo que el productor aporta y lo que el Estado devuelve erosiona la confianza y debilita el contrato fiscal. La falta de institucionalidad genera no solo ineficiencia, sino también desmotivación para sostener un esfuerzo colectivo. Así, el círculo vicioso se consolida: el productor se siente solo, el municipio desbordado, y la Provincia ausente.
Frente a este escenario, urge un nuevo enfoque. No se trata de aumentar impuestos ni de lanzar programas aislados. Se trata de construir un modelo de gobernanza vial rural con planificación técnica, reglas claras, control social y participación de los actores del territorio. Existen ejemplos exitosos en otras provincias, como Córdoba o Santa Fe, que han implementado esquemas mixtos de gestión público-privada mediante consorcios camineros o asociaciones regionales.
Estas experiencias muestran que con voluntad política, articulación territorial y control ciudadano, es posible mejorar los caminos sin aumentar la presión fiscal. Pero para eso se necesita liderazgo estatal, planificación y compromiso multisectorial.
Sin caminos no hay desarrollo
Los caminos rurales deben ser entendidos como una inversión estratégica, no como un gasto. Son esenciales para sostener el arraigo, evitar el despoblamiento, fortalecer las economías regionales y garantizar derechos básicos. Invertir en caminos es invertir en futuro, en equidad territorial y en desarrollo sustentable.
Desde Fundación Labor proponen iniciar un proceso de diálogo multisectorial que reúna a productores, municipios, universidades, legisladores y organismos técnicos, con el objetivo de construir consensos duraderos. Porque sin caminos no hay producción, sin producción no hay arraigo, y sin arraigo no hay desarrollo.
El desafío está planteado. La oportunidad, también. Lo que falta es gestión. Y la gestión empieza con una decisión: poner a los caminos rurales en el centro de la agenda pública.
Con información de Fundación Labor
