Por Martín Torres Girotti, socio de BOMCHIL, Litigios, Insolvencia y Reestructuraciones.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que revocó la homologación del acuerdo preventivo de Vicentin, brinda un contexto propicio para analizar el cramdown como una oportunidad de negocios en el marco de un concurso preventivo. Este artículo examina cómo este mecanismo legal puede ser aprovechado estratégicamente, tomando como referencia el caso Vicentin y experiencias similares en Estados Unidos, España e Italia.
El cramdown es un proceso para evitar la quiebra de empresas que no han podido obtener un acuerdo preventivo homologado. Permite que terceros interesados formulen propuestas de acuerdo preventivo para hacerse cargo del pasivo concursal y obtener el control de la empresa si su propuesta es aprobada. A diferencia de la quiebra, el cramdown preserva la unidad del negocio y maximiza el valor de los activos.
El trámite se inicia con la apertura de un registro judicial para la inscripción de interesados, quienes deben cumplir requisitos de solvencia y capacidad técnica. Se designa un evaluador independiente que dictamina sobre el valor real de las acciones de la empresa. Los inscriptos pueden formular sus propuestas de acuerdo preventivo, las cuales son sometidas a votación de los acreedores. Si un tercero obtiene las mayorías de ley, puede hacerse del control de la empresa de dos maneras, dependiendo del valor de las acciones.
El cramdown puede representar una oportunidad de negocios atractiva para jugadores de sectores afines a la industria del concursado, permitiéndoles adquirir activos relevantes a valores competitivos y mantener la continuidad de la empresa. Esto es crucial en sectores donde los ciclos productivos y determinadas relaciones jurídicas pueden ser sensibles a interrupciones operativas.
No está pensado para adquirir activos aislados, sino para facilitar la prosecución de la actividad económica a la que se encuentran afectados. Al hacerse del control efectivo de la empresa, el adjudicatario puede renegociar contratos, mantener recursos humanos estratégicos, capitalizar el know-how e implementar planes de reestructuración que potencien la rentabilidad y garanticen la continuidad de las operaciones.
No conlleva beneficios fiscales específicos, pero en determinados casos permite acceder a regímenes de promoción que otorgan ventajas significativas, mejorando la viabilidad y rentabilidad del proyecto. Por ejemplo, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) contempla deducciones aceleradas del IVA, reducciones en el impuesto a las ganancias y exenciones de derechos de importación para bienes de capital, en aquellos casos donde resulta aplicable.
La adquisición de una empresa en cramdown conlleva riesgos y desafíos. La volatilidad macroeconómica, la inestabilidad cambiaria, la inflación y la inseguridad jurídica local generan incertidumbres sobre la magnitud de la inversión necesaria y las posibilidades de recuperar la inversión en los tiempos previstos. Además, suelen haber desafíos operativos en empresas de gran envergadura, con activos heterogéneos y diversificados, que requieren inversiones adicionales para reparar, modernizar o sustituir bienes de capital y aplicar sistemas de gestión integrados.
Es normal que existan contingencias legales dadas por conflictos y litigios de diversa índole que la empresa estuviera atravesando al momento de concursarse. La correcta identificación de estas situaciones mediante un adecuado proceso de due diligence es esencial para evaluar los riesgos de participar en el proceso y definir las propuestas de acuerdo preventivo que se realizarán.
Como conclusión, el cramdown es una herramienta valiosa tanto para la continuidad de empresas en crisis como para expandir operaciones de interesados en participar del proceso. La posibilidad de adquirir activos estratégicos a valores competitivos, sumada a los incentivos fiscales disponibles, hacen de este mecanismo una alternativa atractiva frente a la quiebra.
Si se dispusiera finalmente el cramdown de Vicentin, estaríamos frente a un desafío único en la historia reciente de los concursos en Argentina, que podría marcar un precedente importante para futuras reestructuraciones empresariales de gran escala.
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