La Justicia Federal con sede en Azul procesó al presidente del frigorífico Absolon S.A. por el vertido de efluentes contaminantes al Río Salado, en una causa que expone la gravedad de los delitos ambientales en el sistema productivo.
La medida fue dictada por el juez federal Gabriel Di Giulio, sin prisión preventiva, pero con un embargo de 20 millones de pesos, en el marco de una investigación impulsada por la Sede Fiscal Descentralizada de Azul.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, entre enero de 2023 y febrero de 2025 la empresa habría vertido líquidos contaminantes como parte de su proceso industrial, afectando tanto el ecosistema como la salud pública.
El procesamiento se encuadra en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que prevé penas de entre 3 y 10 años de prisión para quienes contaminen de manera peligrosa el agua, el suelo o el ambiente.
“En todos los casos, las muestras evidenciaron la presencia de efluentes contaminantes o en concentraciones prohibidas por la normativa ambiental vigente, y las autoridades constataron infracciones de la normativa para la actividad y tratamiento de efluentes, configurando así un vertido contaminante en cuerpos receptores de agua superficial”, sostuvo el Ministerio Público Fiscal en su acusación e indicó que la conducta se habría desplegado en una serie indeterminada de ocasiones como parte del proceso industrial, al menos entre enero de 2023 y febrero de 2025, verificada en cuatro instancias concretas en el marco de las inspecciones realizadas por las autoridades competentes.
La investigación se inició a partir de una denuncia de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima), que permitió detectar irregularidades en frigoríficos de la región. A partir de allí, se realizaron inspecciones, toma de muestras y análisis de laboratorio que confirmaron la presencia de sustancias contaminantes en niveles superiores a los permitidos.
Los peritajes evidenciaron que los efluentes contenían residuos considerados peligrosos por la normativa vigente y que su destino final era el cauce del río, lo que compromete un recurso clave para la producción agropecuaria y el equilibrio ambiental de múltiples localidades bonaerenses.
En ese sentido, la Autoridad del Agua ya había advertido sobre la situación, aplicando clausuras preventivas, multas y exigencias de adecuación que, según la investigación, no fueron suficientes para evitar la continuidad de los vertidos.
El fallo también remarca que no alcanza con alegar falta de intención cuando las irregularidades fueron reiteradas en el tiempo y persistieron pese a las advertencias oficiales.
El caso vuelve a poner en agenda la necesidad de fortalecer los controles ambientales y garantizar el cumplimiento de las normativas en actividades industriales, especialmente en sectores sensibles como el alimentario, donde el impacto trasciende lo productivo y alcanza a la salud pública y los recursos naturales.
Con información del Ministerio Público Fiscal de la Nación
