Con una reforma que deroga más de 900 normas, el Instituto Nacional de Vitivinicultura se concentrará en los controles finales y las certificaciones de exportación.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, junto al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, puso en marcha una reforma estructural del marco normativo que regula la actividad vitivinícola argentina. A través de la Resolución N° 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), se derogan 973 de las 1.207 normas vigentes, reemplazando un entramado legal disperso y obsoleto por un nuevo régimen orientado a la libertad, la responsabilidad y la competencia.
El organismo dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo y se concentrará exclusivamente en el control del producto final, garantizando que los vinos sean inocuos y no adulterados. De este modo, el INV reducirá sus fiscalizaciones presenciales —unas 5.000 por año— y eliminará trámites que por décadas afectaron la eficiencia y la rentabilidad de las bodegas.
Entre las medidas más destacadas se encuentran la eliminación de la Declaración Jurada semanal de elaboración, la supresión de multas por presentaciones tardías y la derogación de los permisos de tránsito, que las bodegas debían gestionar cada vez que movían su producción. En total, se emitían más de 140.000 permisos anuales.
Asimismo, las certificaciones de origen, añada y varietal pasan a ser optativas, aunque el INV continuará emitiendo las certificaciones requeridas para la exportación, de acuerdo con las exigencias internacionales.
La reforma marca un punto de inflexión para una de las principales economías regionales del país, con el objetivo de simplificar procedimientos, reducir costos y fomentar la competitividad del vino argentino en los mercados interno y externo.
