La Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA) manifestó su preocupación ante el eventual tratamiento en el Senado de la Nación del proyecto de ley que propone incorporar el delito de “ecocidio” al Código Penal.
La entidad sostuvo que la protección ambiental debe contemplar la realidad de las actividades productivas y planteó la necesidad de establecer reglas claras, precisas y técnicamente verificables. Su principal inquietud está vinculada con el alcance que podría adquirir una figura penal construida sobre conceptos amplios, cuya interpretación podría quedar sujeta a distintos criterios judiciales.
Desde FeArCA señalaron que una actividad legalmente autorizada y sometida a controles específicos podría quedar expuesta a una imputación penal a partir de una interpretación posterior sobre el impacto ambiental de una determinada práctica.
“Producir dentro de la ley no puede convertirse en un delito. Cuidamos el ambiente y mejoramos permanentemente nuestras prácticas, pero necesitamos normas que establezcan con precisión qué conducta constituye un delito y bajo qué parámetros técnicos debe determinarse”, sostuvo el presidente de FeArCA, Diego Martínez.
La Federación considera que una eventual legislación de este tipo debería diferenciar entre una conducta deliberadamente dañina y una actividad productiva regulada que se desarrolla dentro de las normas vigentes.
En ese sentido, recordó que la actividad agroaérea se encuentra alcanzada por un marco de controles y regulaciones específicas. Las empresas y profesionales que prestan servicios de aplicación agrícola deben cumplir requisitos técnicos, ambientales, operativos y de seguridad, además de las disposiciones nacionales, provinciales y municipales correspondientes.
Para la entidad, la incorporación de una nueva figura penal debería contemplar ese entramado regulatorio y evitar la superposición de sanciones sobre una misma conducta.
“No podemos tener un sistema en el que una actividad esté habilitada por la autoridad competente, cumpla con una normativa específica que ya establece sus propias sanciones y, al mismo tiempo, quede expuesta a una nueva sanción penal por la misma conducta. Eso generaría una superposición de regímenes sancionatorios y una enorme incertidumbre para quienes trabajan dentro de la ley”, afirmó Martínez.
La preocupación, según FeArCA, no alcanza únicamente a las empresas de servicios agroaéreos. Una eventual ampliación de la responsabilidad penal ambiental podría involucrar a productores, contratistas, ingenieros agrónomos, empresas de servicios y otros actores vinculados con las distintas etapas de la producción agropecuaria.
Por ese motivo, la Federación planteó que cualquier modificación del régimen penal ambiental debe establecer criterios objetivos para determinar cuándo una conducta productiva configura efectivamente un delito, evitando que esa definición quede sujeta exclusivamente a interpretaciones posteriores. Y remarcó que producción y protección ambiental no son objetivos contrapuestos. La actividad agropecuaria incorpora tecnologías y prácticas destinadas a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir los impactos ambientales.
En el caso de la actividad agroaérea, FeArCA destacó la incorporación de herramientas de precisión, tecnologías de aplicación y sistemas de monitoreo para realizar intervenciones cada vez más eficientes y ajustadas a las necesidades de cada lote.
“El camino no es enfrentar al ambiente con la producción. El desafío es generar mejores prácticas, más capacitación, más tecnología y controles eficientes, pero dentro de un marco jurídico que brinde previsibilidad”, sostuvo el presidente de la Federación.
FeArCA advirtió además que la incertidumbre normativa puede impactar sobre las decisiones de inversión y el desarrollo de las economías regionales. La producción agropecuaria requiere inversiones en maquinaria, tecnología, infraestructura y capacitación, por lo que los actores necesitan conocer con claridad qué está permitido, qué está prohibido y cuáles son las consecuencias jurídicas de sus decisiones.
Ante el debate parlamentario, la Federación solicitó que el proyecto sea analizado con la participación de entidades productivas, profesionales, científicas y técnicas vinculadas con el sector.
“Queremos ser parte de la discusión. El sector agropecuario no rechaza la protección ambiental; por el contrario, somos los primeros que desarrollamos acciones concretas para el cuidado del suelo, el agua y los recursos naturales de los que depende nuestra propia actividad. Lo que pedimos es una legislación seria, técnicamente fundada y que no convierta en delito aquello que el propio Estado autoriza y regula”, concluyó Martínez.
FeArCA reafirmó así su posición a favor de una producción agropecuaria sustentable y del desarrollo de tecnologías y buenas prácticas, pero reclamó que cualquier modificación del régimen penal ambiental contemple los principios de precisión, proporcionalidad y seguridad jurídica.
