El Gobierno nacional definió extender el período de sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 28 de febrero e incorporar al temario el envío de una nueva Ley de Financiamiento Universitario, con el objetivo de compensar la situación presupuestaria de las casas de estudio.
La decisión será formalizada mediante un decreto que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial y responde a la creciente presión del sistema universitario, que reclama una actualización de recursos para garantizar el funcionamiento académico, científico y administrativo.
La iniciativa oficial busca, según fuentes del Ejecutivo, diseñar una herramienta “implementable” que permita atender las necesidades financieras del sector tras el conflicto abierto por la ley sancionada en 2024. Aquella norma había sido vetada por el presidente, aunque luego el Congreso insistió con su aprobación.
En paralelo, la medida se da en el marco de presentaciones judiciales impulsadas para frenar la aplicación obligatoria de esa legislación previa, lo que profundizó la tensión entre el Gobierno y las universidades nacionales.
La prórroga de las extraordinarias apunta además a asegurar el tratamiento parlamentario del nuevo proyecto antes del inicio de las sesiones ordinarias, previsto para el 1° de marzo, cumpliendo los plazos reglamentarios necesarios para la emisión de dictámenes legislativos.
