Nicolás Maduro, de 63 años, se declaró inocente este lunes durante su primera comparecencia ante un tribunal federal de Nueva York, luego de la lectura de los cargos por narcotráfico, terrorismo y tráfico de armas surgidos de una investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). La audiencia estuvo a cargo del juez Alvin Hellerstein y se realizó en un clima de máxima expectativa internacional, mientras Washington defiende la legalidad de la captura del exmandatario venezolano.
Maduro ingresó a la sala cerca de las 14 (hora argentina), vestido con una camisa azul marino de manga corta sobre el uniforme naranja de prisión. Tanto él como su esposa, Cilia Flores, utilizaron auriculares para la traducción simultánea al español. Al ser consultado por el juez sobre su identidad, Maduro respondió en español: “Soy el presidente de la República de Venezuela y he sido secuestrado”. Ante la imputación formal, sostuvo: “No soy culpable de nada de lo que se menciona aquí, soy un hombre decente”.
Cilia Flores, por su parte, también se declaró inocente y se presentó como “la primera dama de la República de Venezuela”. Ambos enfrentarán nuevas audiencias a partir del próximo 17 de marzo, según confirmó el magistrado al cierre de la sesión. Al retirarse del tribunal, Maduro volvió a dirigirse a la prensa y afirmó: “Soy un prisionero de guerra”.
Mientras tanto, el impacto político de la detención se hizo sentir de inmediato en Venezuela y en los foros internacionales. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió de urgencia para debatir la captura de Maduro y la intervención directa de Estados Unidos en Caracas. Varios países condenaron la operación, aunque Washington aseguró que “no está en guerra con Venezuela”. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su país está ahora “al mando” en la nación caribeña.
En Caracas, la Asamblea Nacional inauguró el período legislativo 2026–2031 y confirmó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país, tras una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que determinó que no existe “falta absoluta” del mandatario detenido. De este modo, Rodríguez no queda obligada a convocar elecciones en el plazo de 30 días previsto por la Constitución. En su juramento, expresó su “dolor por el sufrimiento causado al pueblo venezolano” y calificó la captura de Maduro y Flores como un “secuestro” producto de una “agresión militar ilegítima”.
En paralelo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela denunció la detención de siete periodistas que intentaban cubrir la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Según la entidad, tres de ellos ya fueron liberados, aunque al menos 23 trabajadores de prensa permanecen encarcelados en el país, la mayoría detenidos en el contexto de la represión posterior a las elecciones del 28 de julio de 2024.
Desde el exterior, el dirigente opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España y quien se considera presidente electo, calificó la captura de Maduro como “un paso importante, pero insuficiente”, y reclamó la liberación de todos los presos políticos y el respeto del resultado electoral. El escenario venezolano, atravesado por la judicialización internacional, la disputa institucional interna y la presión diplomática, abre una nueva etapa de alta incertidumbre política en la región.
