En el marco de una investigación judicial en el norte argentino, fueron imputados los líderes y un integrante de una organización narcocriminal que operaba en la zona de Orán, provincia de Salta, utilizando fincas agrícolas como fachada para el acopio de cocaína.
Investigación, detenciones y hallazgos
La causa, iniciada en enero, permitió avanzar sobre una estructura que combinaba producción hortícola con actividades ilícitas. En una primera etapa, se detuvo a cinco personas tras el hallazgo de 30 kilos de cocaína ocultos en cargamentos de berenjenas, durante un operativo de Gendarmería Nacional en la localidad de Pichanal.
A partir del análisis de teléfonos y declaraciones, la fiscalía Sede Fiscal Descentralizada Orán, a cargo del fiscal federal Marcos Romero, logró identificar a los presuntos líderes. Días atrás, fueron detenidos en Colonia Santa Rosa, donde la organización había alquilado distintos predios rurales.
En uno de los allanamientos, se secuestraron 171,450 kilogramos de cocaína distribuidos en 170 paquetes, ocultos en una zanja dentro de una plantación de tomates. La droga había sido trasladada desde Bolivia hasta un establecimiento cercano al Río Colorado, según la investigación.
De acuerdo con la fiscalía, los imputados utilizaban el arriendo de campos agrícolas para montar una cobertura legal: cultivaban hortalizas mientras ocultaban la droga en los terrenos. También se detectó el uso de vehículos utilitarios y maquinaria agrícola para moverse entre fincas sin levantar sospechas.
Además, se identificó un local conocido como “El Bunker”, donde se coordinaban las operaciones de almacenamiento y traslado. En los procedimientos se secuestraron camionetas, un tractor, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos que serán peritados.
La causa reveló una estructura con capacidad logística, recursos económicos y vínculos que permitían sostener el circuito de narcotráfico en Argentina, desde el ingreso de la droga hasta su distribución.
Imputaciones y avance judicial
Los tres detenidos fueron imputados por almacenamiento de estupefacientes agravado y, en el caso de dos de ellos, también por transporte de droga. La Justicia dictó prisión preventiva por 90 días y otorgó un plazo de 120 días para profundizar la investigación.
El caso también expuso antecedentes relevantes: uno de los imputados contaba con pedido de captura vigente, mientras que otro había sido declarado en rebeldía en otra causa, lo que reforzó la decisión judicial.
La investigación continúa con el análisis de dispositivos electrónicos y la posibilidad de identificar a otros involucrados en esta red que operaba bajo la fachada de la producción agrícola.
Con información de fiscales.gob.ar
