Los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa manifestaron su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional y convocaron a las distintas fuerzas políticas a votar en contra de la iniciativa.
En un documento titulado “Trabajo, Federalismo y Desarrollo: el camino hacia una verdadera modernización”, los mandatarios aseguraron que si bien consideran necesaria una actualización de la legislación laboral frente a los cambios tecnológicos, productivos y sociales, advirtieron que ninguna reforma puede orientarse al “desmantelamiento de derechos conquistados” ni a la reducción de protecciones.
Críticas a la modernización y reclamo de federalismo
Según plantearon, la propuesta oficial —presentada como un proceso de modernización laboral— debilita derechos individuales y colectivos en un contexto de creciente incertidumbre. Además, señalaron que se impulsa en el marco de una política económica que, según su diagnóstico, generó caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento del desempleo y la precarización.
En ese sentido, sostuvieron que no se oponen a los cambios en sí mismos, sino “a este paquete de reformas” que, afirman, consolida la desprotección. Recordaron que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece lineamientos para una modernización basada en más derechos, mayor formalización y diálogo social, y consideraron que el proyecto en debate avanza en sentido contrario.
También rechazaron el argumento oficial de que la reforma generará empleo. Según expresaron, experiencias previas de flexibilización laboral no promovieron mayor formalidad, sino que facilitaron despidos y redujeron estándares de protección, trasladando riesgos e incertidumbre a los trabajadores. En particular, manifestaron preocupación por mecanismos que podrían habilitar reducciones salariales o limitaciones de derechos ante situaciones de enfermedad.
Los gobernadores calificaron además la iniciativa como “profundamente antifederal”, al sostener que impactará de manera directa en las economías regionales sin contemplar sus particularidades ni habilitar instancias de diálogo con las provincias.
En el documento, afirmaron que la informalidad laboral no se resuelve recortando derechos, sino mediante políticas activas de desarrollo productivo, incentivos a la formalización, innovación normativa y una estrategia que fortalezca el mercado interno y la generación de empleo de calidad.
Asimismo, cuestionaron el rumbo económico del Gobierno Nacional y señalaron que, desde su asunción, se perdieron miles de empresas y puestos de trabajo, con bajos niveles de utilización de la capacidad instalada e inversión extranjera negativa.
Finalmente, reiteraron su rechazo a la reforma laboral y convocaron a defender el sistema de derechos sociales y laborales construido a lo largo de décadas. “La Argentina necesita modernizar su legislación laboral para ampliar derechos y promover el trabajo formal, no para retroceder en materia de protección”, concluyeron.
