El Senado de la Nación aprobó este viernes la modificación de la Ley Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, con 44 votos positivos y 27 negativos en la sesión. La iniciativa representa un nuevo triunfo legislativo para el espacio oficialista en medio del período de sesiones extraordinarias.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, encabezó el respaldo a la reforma y pidió un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de hechos de inseguridad, subrayando la relevancia de la medida en el contexto actual.
Desde el oficialismo se argumentó que “han aumentado los delitos cometidos por menores” de entre 12 y 15 años, con una participación “creciente” en hechos graves, lo que —se señaló— genera una sensación de “injusticia” e “impunidad”. Ese diagnóstico fue clave para sostener la necesidad de adaptar el marco legal vigente desde 1980 a una realidad diferente en términos de criminalidad juvenil.
Además, desde La Libertad Avanza (LLA) afirmaron que bandas delictivas utilizan menores de edad en sus acciones porque saben que, con la edad de imputabilidad anterior, “no pueden ser procesados”, por lo que la reforma busca contrarrestar ese incentivo.
Debate y negociación parlamentaria
La iniciativa oficialista original proponía iniciar la punibilidad penal de los menores a los 13 años, pero tras una negociación con bloques dialoguistas se acordó elevar ese límite a 14 años para conseguir los votos necesarios y lograr la media sanción en Diputados.
Esa modificación facilitó el acompañamiento de fuerzas aliadas como el PRO y la UCR, que consideraron que fijar los 14 años representaba un punto de equilibrio y se alineaba con la edad de imputabilidad vigente en varios países de la región.
El proyecto generó también oposición interna. El senador peronista Martín Soria se manifestó en contra, marcando diferencias en torno al enfoque sobre responsabilidad penal juvenil y sus consecuencias, en especial desde la perspectiva de derechos y políticas sociales.
La reforma pone en el centro del debate político y público la discusión sobre seguridad, justicia juvenil y la manera en que el sistema penal aborda la participación de adolescentes en hechos delictivos.
