El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó un decreto que obliga a las plataformas de redes sociales a retirar contenido ofensivo de forma preventiva y sin necesidad de que una decisión judicial lo determine.
El decreto abre las puertas a la responsabilización de las empresas tecnológicas por no eliminar publicaciones asociadas a crímenes considerados graves como terrorismo, ataques a la democracia, racismo, homofobia y violencia contra la mujer.
La Autoridad Nacional de Protección de Datos se encargará, a partir de ahora, de fiscalizar la obligación de las empresas de adoptar medidas proactivas en ese sentido.
El decreto responde a una decisión reciente de la Corte Suprema del país, que determinó la inconstitucionalidad de parte de la ley que regulaba Internet y estableció la posibilidad de una responsabilidad directa de las plataformas en los casos más graves.
Antes de esa decisión, las empresas tecnológicas solo podían ser condenadas en caso de no cumplir una orden judicial para eliminar contenido.
La nueva medida llega a menos de cinco meses de las elecciones del próximo octubre, y la proximidad de esa fecha ha reforzado la preocupación de las autoridades por la posible divulgación de noticias falsas.
Lula, quien se presenta a la reelección, ha criticado a menudo a las plataformas de redes sociales por no hacer los suficiente para combatir contenido ofensivo y, más recientemente, ha alertado sobre el uso de la inteligencia artificial en los próximos comicios.
En las elecciones de 2022, el Tribunal Superior Electoral se enfrentó al desafío de tener que lidiar con una oleada de noticias falsas, que ya se habían viralizado para cuando salía una orden judicial para retirarlas.
