Por Walter Martello Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires.
Lo ocurrido con Úrsula, lamentablemente, no es un episodio aislado. Es un flagelo que se viene registrando en los últimos años, y que requiere la aplicación de políticas efectivas a fin de evitar que ocurran nuevos femicidios. Estamos hablando de casos en los que los acusados portan armas, tienen acceso y contactos en dependencias policiales y de otras fuerzas de seguridad, con lo cual el mero dictado de perimetrales no constituye, por si solas, medidas efectivas de protección.
Al analizar los últimos indicadores informados por la Procuración de la provincia de Buenos Aires, nos encontramos que solo en el primer semestre del año pasado se abrieron 28 investigaciones penales preparatorias de violencia institucional que fueron asignadas al Registro de Violencia Familiar y Género. Esto nos da un promedio de un caso por semana en territorio bonaerense.
Todos estos procesos penales tienen como involucrados a agentes de fuerzas de seguridad, en su mayoría integrantes de la Policía bonaerense, aunque las investigaciones penales también involucran a agentes de policías locales, del Servicio Penitenciario, de la Policía Federal, del Ejército y de Gendarmería.
A su vez, los relevamientos que vienen realzando organizaciones de la sociedad civil, como el CELS, también aportan variables respecto a que estamos ante una problemática creciente: en una década 48 mujeres fueron asesinadas en el AMBA por sus parejas o exparejas policías.
Los domicilios particulares son donde más están más desprotegidas a punto tal que la Procuración da cuenta en su informe que 17 de los 28 procesos penales por violencia institucional vinculados con violencia familiar y/o de género –el 60%- tuvieron como lugar de ocurrencia la casa de la propia víctima.
Debemos ser conscientes que las mujeres víctimas de violencia familiar y/o de género tienen dificultades para realizar denuncias por su propia vulnerabilidad emocional, y por las trabas burocráticas de un sistema que debe reformarse con urgencia. Esta dificultad aumenta exponencialmente cuando el agresor pertenece a la misma fuerza de seguridad donde ella tiene que ir a denunciar. Y resulta aún peor si existe un pacto de silencio frente a los hechos de parte de los compañeros del agresor, que podrían confundir lealtad o amistad con encubrimiento. Por eso es indispensable que se garantice la autonomía del área de Asuntos Internos y, a su vez, que las fiscalías en turno y los juzgados de Garantías tomen real dimensión del flagelo, actúen en consecuencia y adopten las medidas preventivas necesarias.
También es necesario que sea efectiva la capacitación en género –contemplada en la Ley Micaela- a cada integrante de las fuerzas de seguridad, y que las pruebas psiquiátricas y psicológicas de admisibilidad de los aspirantes sean rigurosas, y que haya un seguimiento permanente. Se debe evitar que una carpeta psiquiátrica pueda ser utilizada como un atenuante de femicidio.
