A partir de este mes, el Ministerio de Desarrollo Social, decidió aplicar un decreto de 1997 que establece la necesidad de reunir más requisitos y condiciones a quienes buscan acceder a una pensión.
Bajo esos argumentos, el Ejecutivo Nacional quitó, entre otras, la ayuda social a beneficiarios cuyos cónyuges perciban una pensión o jubilación, incluso si es la mínima. También sufrieron la baja de sus pensiones las personas con dificultades para manejarse de manera independiente en caso de que cuenten con un tutor que perciba ingresos equivalentes a tres salarios mínimos, es decir, cuyo familiar tenga un salario formal de $ 21.000 o más.
Al respecto, el Secretario del Congreso Nacional del GEN afirmó que “es incomprensible que el Gobierno Nacional busque reducir el déficit fiscal ajustando a los sectores más vulnerables de la sociedad” y agregó que “la medida es violatoria de todos los tratados internacionales, leyes nacionales y sobre todo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que, desde 2014, en Argentina tiene jerarquía constitucional, y reconoce que los discapacitados son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo”.
Además, señaló que “la decisión del Gobierno de Mauricio Macri atenta contra un derecho humano esencial como lo es el de la igualdad de oportunidades para que las personas con alguna discapacidad puedan desarrollarse normalmente dentro del la sociedad”.
Finalmente, Juárez afirmó que “lejos de tomar esta decisión, el Gobierno debería haber universalizado las pensiones y facilitado el acceso tanto para quienes sufren alguna discapacidad como para quienes viven en situaciones de vulnerabilidad”.
