El Gobierno nacional estableció las modificaciones a los derechos y reintegros a las exportaciones industriales y agropecuarias a través de dos decretos cuyo objetivo es promover y diversificar las exportaciones de alto valor agregado, fomentar la industria y el empleo de calidad en todo el país, e incentivar la inversión en tecnología.
Fue a través de la publicación de los decretos 789 y 790 en el Boletín Oficial (BO), cuyas especificaciones entran en vigencia en el día de hoy.
En cuanto a los derechos de exportación, las modificaciones implican la reducción tanto de las alícuotas de bienes finales industriales al 0 por ciento, como las de insumos elaborados industriales al 3 por ciento.
Esta medida beneficia a más de 20 sectores industriales, entre los que se encuentra el automotriz, que podrá reducir la alícuota de vehículos para las exportaciones incrementales extra-Mercosur; el de alimentación animal; automotriz; de carnes; calzado; caucho y plásticos; construcción; editorial; electrodomésticos; electrónica; equipamiento médico; foresto- industrial; informática; instrumentos musicales; juguetes; laboratorio; luminaria; metalmecánica; muebles; químicos y textil e indumentaria.
En tanto, los reintegros de exportación elevan las alícuotas de bienes finales industriales a un piso del 7 por ciento, y las de insumos elaborados industriales a uno del 5 por ciento; y alcanza a más de 20 sectores entre los que se destacan las industrias de equipamiento médico, informática, instrumentos musicales, energía atómica; juguetes, laboratorios, luminaria, metalmecánica, muebles, químicos, textil e indumentaria, y vitivinícola.
De la misma forma, se analiza el incentivo de exportaciones industriales estratégicas para algunos sectores particulares.
Estas medidas se encuadran en la batería de anuncios que realizó la semana pasada el ministro de Economía, Martín Guzmán, que incluye una serie de compensaciones y estímulos para pequeños productores de soja y cooperativas, con una inversión de hasta 11.500 millones de pesos para ese sector; y que contempla además la inclusión de un esquema de derechos de exportación para el complejo sojero.
Para el sector minero, prevé la reglamentación de la Ley de Solidaridad Social y de Reactivación Productiva, que estableció un tope del ocho por ciento para los derechos de exportación de los metales; mientras que para el área de la construcción contempla el trabajo sobre dos proyectos de Ley para establecer beneficios impositivos para el estímulo de la inversión en proyectos nuevos, y la mejora de la sustentabilidad y la cobertura del sistema de créditos hipotecarios.
