Las organizaciones agrarias de España solicitaron al Gobierno ayuda ante los problemas de rentabilidad que arrastraban antes del estado de alarma y a los que se han sumado las limitaciones comerciales y de movilidad de los últimos dos meses.
Desde la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo para contener la pandemia del coronavirus, el sector agrario se ha mantenido como un pilar esencial para el abastecimiento de alimentos y ha continuado operando a pesar de las circunstancias “excepcionales”.
“En estos dos meses la situación ha sido inicialmente bastante adversa para algunos sectores y sigue siéndolo para otros como el ganadero, el aceite, el vino, la patata, la cebolla y el porcino”, asegura a Efeagro el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato.
Si en un principio saltaron las alarmas por la escasez de unos 100.000 temporeros para las campañas de recolección, poco a poco los requisitos de movilidad se han ido ajustando, aunque en algunas zonas ha quedado producto sin recoger, según Barato.
“La administración ha actuado con cuentagotas”, afirma el responsable de Asaja, que pone de ejemplo la flexibilización de las medidas para el traslado en furgoneta a las explotaciones o el permiso de movilidad con contrato de trabajo.
Destaca también la reciente autorización de viaje proporcionada a unos 250 uruguayos encargados de esquilar miles de ovejas en España, después de que no pudieran hacerlo en abril, como otros años, por el cierre de fronteras.
Se trata de una de las pocas excepciones que ha permitido la llegada de extranjeros, mientras el Gobierno se ha centrado en fomentar la contratación de desempleados locales en el campo.
El cierre temporal de la restauración ha dificultado la comercialización de productos como el cordero o el cabrito, lo que ha llevado al Consejo de Ministros a aprobar una ayuda de 10 millones de euros para el ovino y caprino. Barato considera esa medida “insuficiente” y reclama más ayudas por parte del Ejecutivo y de la Unión Europea.
Por su parte, el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Blanco, recuerda que antes del estado de alarma los agricultores habían protagonizado semanas de movilizaciones.
Asegura que los problemas por los que protestaban entonces, como los bajos precios pagados en origen y la caída de las rentas, continúan “agravándose”, entre otros motivos porque los costes han aumentado con las restricciones a la movilidad y el gasto en productos sanitarios. “Mientras caen los precios en origen, aumentan los precios al consumidor”, critica Blanco.
Los últimos datos recogidos por COAG reflejan que el precio en el punto de venta multiplicó por 4,9 el que percibieron los agricultores en el campo en abril, con descensos mensuales en los precios en origen de productos como la cebolla, el pepino, el pollo, el cordero y el fresón.
