El Gobierno francés anunció un amplio operativo de seguridad para las manifestaciones previstas el sábado 24 de octubre, con el apoyo de militares a la Policía y una revisión de las estrategias de intervención. La decisión llega después de las protestas, los saqueos y los incendios registrados durante el último fin de semana. El primer ministro, Sébastien Lecornu, reconoció fallos en la respuesta de las autoridades y señaló el restablecimiento del orden público como prioridad.
«El despliegue del próximo sábado será masivo», afirmó Lecornu ante la Asamblea Nacional. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó que efectivos de la operación militar Sentinelle se incorporarán al dispositivo para liberar a policías y gendarmes de algunas tareas y permitirles concentrarse en el mantenimiento del orden.
Las protestas del 17 de octubre derivaron en episodios de violencia en París, Marsella, Lyon y otras ciudades. Ante las críticas por la actuación de las fuerzas de seguridad, Lecornu admitió fallos de inteligencia y reconoció que el despliegue policial había sido demasiado estático. También señaló que fue un error no cancelar las licencias previstas para parte de los efectivos.
Nuñez expresó su pesar por lo ocurrido y asumió parte de la responsabilidad. Mientras tanto, el Gobierno extendió los toques de queda localizados en varias zonas afectadas por los incidentes. Las autoridades vincularon las restricciones con una noche de mayor tranquilidad. Las medidas también se aplicaron en Marsella, Niza y Burdeos, con horarios y perímetros definidos por las autoridades locales.
El Gobierno acusa a la extrema izquierda de organizar los disturbios
Durante una tensa sesión parlamentaria, Lecornu acusó a grupos de extrema izquierda y ultraizquierda de planificar los actos violentos y buscar la desestabilización de las instituciones. El primer ministro sostuvo que los incidentes no podían considerarse una alteración convencional del orden público y destacó la intervención de servicios especializados en la investigación.
Como ejemplo, mencionó el arresto de un hombre sospechoso de haber iniciado el incendio que destruyó el histórico ayuntamiento de Limoges. Según las autoridades, el detenido figuraba en una lista de vigilancia policial y pertenecía a un grupo de ultraizquierda. La investigación busca determinar las responsabilidades por el ataque, mientras el Parlamento prepara una comisión para examinar las causas de los disturbios.
El enfrentamiento político también alcanzó a La Francia Insumisa (LFI), el partido liderado por Jean-Luc Mélenchon. Lecornu acusó a la formación de no condenar la violencia, mientras que el ministro del Interior la señaló por contribuir a agravar la tensión.
El coordinador de LFI, Manuel Bompard, rechazó las acusaciones y cuestionó que el Gobierno utilizara los servicios de inteligencia para responsabilizar al partido por los disturbios. Desde la formación también advirtieron sobre los riesgos de restringir libertades constitucionales y cuestionaron la falta de contrapesos frente a una posible ampliación de las atribuciones del poder político.
El conflicto se desarrolla a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2027, en un escenario de creciente tensión entre las principales fuerzas políticas francesas. Lecornu insistió en que los disturbios responden a un método de actuación inédito de algunos grupos violentos, mientras la oposición cuestiona las fallas del aparato estatal y la respuesta del Ejecutivo.
Las protestas continúan y crece la preocupación por el impacto económico
La crisis de seguridad coincide con el malestar social por el encarecimiento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos, especialmente en educación y sanidad. El sindicato estudiantil UNEF convocó a nuevas movilizaciones para el sábado y anunció que mantendrá la presión sobre el Gobierno del presidente Emmanuel Macron por la falta de financiación del sistema educativo.
También reaparecieron los llamados a protestar de grupos vinculados con los chalecos amarillos, el movimiento surgido en 2018 contra el aumento de los impuestos a los combustibles, que ahora vuelve a denunciar el encarecimiento de la energía. La posibilidad de nuevas manifestaciones aumenta la presión sobre el Ejecutivo, que también enfrenta dificultades presupuestarias.
Los disturbios dejaron consecuencias económicas. La cadena de supermercados Carrefour informó pérdidas de decenas de millones de euros por robos y daños en sus establecimientos. En paralelo, el rendimiento de los bonos soberanos franceses a diez años alcanzó su nivel más alto en 24 años, en medio de la preocupación de los inversores por la inestabilidad política y económica.
La tensión también se manifestó fuera de Francia. Varias ciudades del norte de Italia, incluida Milán, registraron disturbios durante el fin de semana. El ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, describió esos episodios como una forma de «guerra híbrida» vinculada al uso de redes sociales y plataformas digitales, mientras el Gobierno de Giorgia Meloni preparaba nuevas medidas de seguridad.
En Albania, por su parte, estaban previstas nuevas protestas en Tirana contra el Gobierno de Edi Rama, en la séptima jornada consecutiva de movilizaciones. La sucesión de episodios en distintos países europeos alimenta la preocupación por la extensión del malestar social en Europa, en un contexto de dificultades económicas y cuestionamientos a los servicios públicos.
