La Sociedad Rural Argentina (SRA) rechazó el Plan Ganadero y reclamó participación en la toma de decisiones gubernamentales referidas al sector agropecuario.
“Lo anunciado hoy más que un plan es un papel con buenas intenciones porque sin exportaciones libres y transparentes no hay política que de previsibilidad a los productores para invertir en más oferta ganadera. Un claro ejemplo de esto es el estancamiento y distorsiones que se generaron en los últimos meses”, afirmó Nicolás Pino a Noticias Argentinas, presidente de la entidad.
El Gobierno oficializó mediante su publicación en el Boletín Oficial el denominado “Plan de Ganadería Argentina” que pretende estimular la producción de carne vacuna y las exportaciones.
Pino enfatizó que “como representantes de los productores deberíamos poder participar con toma de decisiones en estos diseños de políticas públicas porque somos, en definitiva, quienes tomamos la decisión de invertir”.
Entre los diferentes focos de cuestionamiento, el dirigente apuntó a la restricción de las exportaciones que regirá hasta fin de año.
Pino sostuvo que “las condiciones necesarias para que el plan ganadero sea exitoso son: fomentar exportaciones, un mercado de ganados y carnes sin intervenciones, un plan que combata la informalidad fiscal, sanitaria y laboral, entre otras”.
El presidente de la SRA englobó la propuesta para el agro dentro de un contexto macro económico previsible.
“Un plan ganadero debe darse en un contexto macroeconómico estable, porque si no todas las medidas micro no sirven”, recalcó.
De acuerdo a la información del Ministerio de Agricultura, el Plan Gan.Ar se hará efectivo mediante “la bonificación de tasas sobre líneas de crédito y/o aportes económicos a través de convenios específicos con provincias y otras entidades públicas o privadas vinculadas al sector”.
También se creará una Comisión Técnica del Plan Gan.Ar, que será presidida por la Secretaría de Agricultura, e integrada por un/a representante de la Subsecretaría de Ganadería y Producción Animal, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para el seguimiento del programa.
