La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) fijó su posición frente al debate por una nueva Ley de Semillas y una eventual adhesión de la Argentina al Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales en su versión UPOV 91.
En el marco del acuerdo recientemente firmado con Estados Unidos —que la entidad valoró como un paso hacia una mayor integración comercial— surgieron interrogantes sobre los compromisos asumidos por el Gobierno nacional respecto de una posible adopción del Acta 1991.
Actualización normativa sí, adhesión a UPOV 91 no
Argentina es miembro de UPOV 78 desde hace más de cuatro décadas, un esquema que, según CARBAP, permitió el desarrollo del mejoramiento genético y la inversión en nuevas variedades, al tiempo que preservó un principio clave para el productor: el uso propio.
La entidad recordó que bajo ese marco normativo países como Brasil y Paraguay lograron incrementar de manera significativa su producción de soja, combinando innovación tecnológica con crecimiento productivo.
En un mensaje a la prensa señalaron que el país necesita reglas claras y previsibles que fortalezcan la propiedad intelectual en semillas y promuevan la innovación. En ese sentido, reconocieron que los obtentores deben contar con mecanismos eficaces para proteger y cobrar por su trabajo.
Sin embargo, advirtieron que la adhesión a UPOV 91 implicaría restringir el uso propio, ampliar los derechos del obtentor y modificar el equilibrio histórico entre quien desarrolla la tecnología y quien la adopta. Para la entidad, ese camino “no refleja lo que precisa la realidad productiva argentina”.
La propuesta institucional apunta a actualizar la legislación vigente dentro del marco de UPOV 78, fortaleciendo los mecanismos de control, registración y cobro de regalías, y aumentando la transparencia del sistema, pero sin alterar principios que consideran parte de la cultura productiva nacional.
Carbap también puso el foco en los Derechos de Exportación (DEX), a los que definió como el principal obstáculo estructural para el crecimiento del sector agropecuario. Según la entidad, mientras persista esa carga impositiva, cualquier discusión sobre incentivos tecnológicos quedará condicionada.
Desde la organización sostienen que el debate no debe plantearse como una dicotomía entre innovación y productores, ya que la Argentina cuenta con una base productiva sólida y millones de hectáreas sembradas con variedades modernas. A su entender, el problema no es la falta de voluntad de pago, sino la ausencia de un esquema equilibrado y consensuado.
Finalmente, la entidad rural reafirmó que cualquier modificación normativa en materia de semillas debe surgir del diálogo entre productores, obtentores, industria y Estado, y no como resultado de compromisos externos.
