En el marco del debate por una nueva Ley de Semillas, la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (APRONOR) volvió a expresar su postura crítica frente a la posible adhesión de Argentina al convenio UPOV 91 y al enfoque que impulsa el Gobierno nacional.
Con 10 años de trayectoria, APRONOR se consolidó como una entidad referente en la defensa de los productores y en la promoción de la transferencia tecnológica en el norte argentino. Desde ese lugar, advierten que el estancamiento productivo no puede atribuirse únicamente a la falta de una nueva normativa sobre semillas.
Según expresan desde la entidad, “la producción en Argentina no crece por efecto de los derechos de exportación (DEX), que desde hace años esquilman a nuestros productores y empobrecen a los pueblos del interior”. En ese sentido, cuestionan que el foco del debate se centre en los derechos de propiedad intelectual, mientras persisten condiciones estructurales que afectan la rentabilidad.
APRONOR también pone como ejemplo el caso de Brasil, donde el sector agropecuario logró expandirse de manera sostenida en la última década. “Brasil adhiere a UPOV 78, permite el uso propio y no tiene derechos de exportación”, señalan, marcando un contraste con la situación local.
Otro de los puntos que genera preocupación es el funcionamiento del sistema regulatorio. Desde la asociación advierten sobre una aparente desigualdad en la aplicación de controles: mientras en cultivos autógamos como soja o trigo se intensifican las exigencias, en cultivos como el maíz —donde los productores invierten fuertemente en genética— no se abordan con la misma prioridad problemas productivos concretos, como enfermedades que afectan los rindes.
En ese contexto, también cuestionan el avance de normativas que podrían restringir el uso propio de semillas. “El instituto envía cartas documento, aplica multas millonarias y atenta permanentemente contra el uso propio”, sostienen, al tiempo que alertan sobre posibles efectos negativos en los sistemas productivos.
Desde APRONOR remarcan que el sector productivo no desconoce la importancia de la innovación genética, pero insisten en que cualquier cambio normativo debe contemplar la realidad económica de los productores. “No queremos que paguen multas, queremos que inviertan en genética”, citan como una de las consignas que atraviesa el debate.
Finalmente, la entidad advierte sobre el riesgo de avanzar en regulaciones que, lejos de impulsar la producción, profundicen las dificultades existentes. “Los favorecidos de siempre son unos pocos”, concluyen, en referencia a la concentración de beneficios dentro del sistema.
En un escenario atravesado por tensiones entre regulación, innovación y rentabilidad, la voz de APRONOR se suma a un debate clave para la producción agropecuaria.
