En relación a la medida judicial por el fiscal Patricio Evers, que pidió exhortos a Panamá y a Suiza, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti expresó que “se trata de un paso procesal que estábamos esperando y que se da en el marco de la investigación llamada Panamá Papers. Hemos tomado conocimiento e inmediatamente instruí a mis abogados para que presenten la documentación requerida por la Justicia. En esa instancia podré demostrar que no realicé ningún ilícito y que no tengo nada que ocultar”.
En un comunicado a la prensa, Grindetti aseguro:“Estoy absolutamente tranquilo. No tengo una empresa en Panamá, ni una cuenta”. Y agregó: “Soy un hombre público que viene del mundo de los negocios, hace 40 años que trabajo en la actividad privada. No vine a la política para enriquecerme. Estoy acá para poder mejorar la calidad de vida de mis vecinos, y en eso estoy trabajando”.
Grindetti tiene un poder especial para manejar Mercier International, según consta en la escritura pública del 2 de julio de 2010.
Evers requirió una serie de medidas de prueba con el objetivo de intentar determinar cuál era el vínculo del ex funcionario de la Ciudad con una empresa radicada en Panamá y una cuenta bancaria en un Banco Suizo.
“Entre julio de 2010 y julio de 2013, habría recibido un poder especial del estudio Mossack Fonseca para operar con relación a la firma Mercier Internacional”, sostuvo Evers la imputación.
“El 15 de julio de 2010 habría recibido otro poder para manejar una cuenta en un banco suizo, de nombre Clariden Leu Ag.”, agregó el fiscal federal quien solicitó que se envíen exhortos a Panamá y suiza.
Como primera medida, la fiscalía solicitó a la jueza federal María Romilda Servini que pida al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la municipalidad de Lanús y a la AFIP las declaraciones juradas presentadas por Grindetti desde diciembre del 2007 hasta la actualidad.
Además, Evers solicitó que “se libre exhorto internacional a la Confederación Suiza, a fin de que requiera al banco Clariden Leu Ag toda aquella información de la cual surja Néstor Grindetti como titular y/o apoderado para actuar por sí o por cuenta ajena”.
El fiscal también pidió que se libre un exhorto a Panamá “con el objeto de requerir toda aquella información relacionada con la empresa Mercier Internacional, tanto en cuanto a su participación accionaria como a quienes ostentan los cargos directivos de la entidad, así como la información relativa a sus objeto y capital social”.
La causa se inició a partir de una denuncia penal realizada por el fiscal de instrucción Martín Niklison, “luego de tomar conocimiento de lo publicado por distintos medios de comunicación en cuanto a la investigación periodística `Panamá Papers´”, según consta en el escrito del fiscal.
Según Telam el denunciante remarcó que en la documentación de los Panamá Papers difundida a través de los medios aparecían “(el presidente) Mauricio Macri y Néstor Grindetti integrando sociedades creadas por el estudio de abogados de Panamá Mossack Fonseca”.
Evers describió a Mossak Fonseca como una “empresa sospechada de crear empresas fantasma y de su vinculación con delitos de blanqueo de capitales de origen y de evasión impositiva”.
La denuncia había sido presentada junto con a otra contra Macri en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello quien ya investigaba al presidente, por lo que tomó sólo la parte de la denuncia relacionada al primer mandatario.
El fiscal federal Federico Delgado extrajo la denuncia contra Grindetti del texto de la original, la envió a sorteo y recayó en el juzgado de Servini con intervención de la fiscalía de Evers.
La justicia federal no mostró hoy muchas expectativas en que Suiza preste suficiente colaboración en el marco de las investigaciones abiertas contra dirigentes políticos argentinos, según pudo saber Télam de tres fuentes distintas que trabajan en los tribunales de Comodoro Py.
En tanto, hoy trascendió que la Cancillería dio curso a dos exhortos librados por el juez Casanello, uno a Panamá y el otro a Uruguay, en el marco de la causa en la que se investiga al presidente Mauricio Macri por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada de dos empresas offshore, reveladas por los Panamá Papers.
