El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, procesó a siete exmilitares, integrantes del Departamento II de Inteligencia del Comando de Institutos Militares, acusados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el transcurso de 1976 contra más de 300 víctimas de los distintos centros clandestinos de detención que funcionaron en Campo de Mayo.
La medida fue en línea con el pedido formulado, luego de un importante trabajo de relevamiento e investigación, por la Oficina de Derechos Humanos de San Martín, a cargo del fiscal Miguel Ángel Blanco García Ordás, quien contó con la colaboración de los integrantes de esa unidad fiscal Nadina Valenti, Juan Martin Guerrini y Juan Pablo Di Giorno.
En la resolución judicial de 584 páginas firmada el 28 de abril pasado, la jueza Vence procesó con prisión preventiva -en modalidad domiciliaria- a los entonces teniente primero Carlos Alberto Lima Coimbra, mayor Ernesto Alejandro Repossi, capitanes Néstor Osvaldo Quaroni y Guillermo Amado Domínguez Matheu, y sargentos Carlos Alberto Rojas y Mario Rubén Domínguez. En tanto, la jueza procesó sin prisión preventiva al entonces mayor Javier Tamini.
La resolución incluyó el embargo en los bienes de Domínguez, Coimbra y Tamini hasta cubrir una suma de 30 millones de pesos cada uno; de Rojas y Quaroni, en 20 millones de pesos cada uno; y de Repossi y Domínguez Matheu, en 15 millones de pesos cada uno.
La fiscalía había imputado a los exmilitares el haber puesto a disposición todos los medios necesarios para que se produjeran las detenciones de las víctimas, quienes estuvieron alojadas en los distintos centros clandestinos de detención que funcionaron en la guarnición militar de Campo de Mayo, con el objetivo de interrogarlas, en la mayoría de los casos, bajo tortura con picana eléctrica en distintas partes de sus cuerpos, golpes, mordeduras de perros y simulacros de fusilamiento, entre otras modalidades.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo que los interrogatorios bajo tortura tuvieron como fin la obtención de información, para procesarla en el marco de la denominada “comunidad de inteligencia” (es decir, con los representantes de las fuerzas armadas y de seguridad) y utilizarla en la ejecución del plan de represión implementado en el ámbito de la denominada zona militar de defensa IV —el país estaba dividido en cinco zonas de defensa—, que tenía su comando a cargo el Comando Institutos Militares con sede en Campo de Mayo.
La fiscalía puso de relieve el procesamiento dictado por la jueza Vence, pues sostuvo que “implica un avance sumamente relevante en la investigación de todas las violaciones a los derechos humanos sucedidas en la Zona de Defensa IV, en lo que hace a la intervención del personal militar que prestó funciones en el Departamento de Inteligencia rompiendo con el encorsetamiento que impedía llegar a las responsabilidades de quienes no eran jefes o subjefes de departamento, que ocupaban otros lugares dentro de la cadena de mando y que pusieron en funcionamiento el sistema represivo instaurado en la época”. Al respecto, marcó que este nuevo rumbo del proceso “resultará en el avance de la investigación respecto de otros responsables penales de los delitos sufridos por las víctimas hasta el advenimiento de la democracia”.
