La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) presentaron un documento técnico ante la Dirección General de Energía de la Comisión Europea en el marco de la consulta pública vinculada a la posible categorización de la soja argentina como materia prima de “alto riesgo ILUC” (Indirect Land Use Change o cambio indirecto del uso del suelo).
La eventual clasificación implicaría la exclusión de la soja argentina bajo los criterios de sostenibilidad de la Unión Europea, con impacto directo sobre las exportaciones de biodiésel al mercado comunitario.
Observaciones técnicas al enfoque ILUC aplicado a la soja argentina
El documento elaborado por CIARA y CARBIO cuestiona los supuestos metodológicos y las fuentes de información utilizadas para sustentar la propuesta.
Entre los principales puntos técnicos señalados se encuentran:
- Aplicación del concepto ILUC: se advierte que el modelo adoptado no refleja adecuadamente la dinámica real del uso del suelo en Argentina. Además, “dado el estado actual del desarrollo metodológico internacional, que sigue siendo muy incierto, no debe considerarse una categoría de impacto ambiental directamente atribuible a un cultivo, ni una variable regulatoria susceptible de una cuantificación robusta”. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la principal autoridad científica internacional en contabilidad de emisiones en el marco de las Naciones Unidas, no define ni operacionaliza el ILUC como una variable explícita en sus inventarios, limitando la contabilidad a los cambios observados y directamente atribuibles al uso de la tierra
- Fuentes de datos y modelización: el informe identifica inconsistencias en las bases estadísticas empleadas y en la extrapolación de escenarios.
- Rotación de cultivos: se subraya que el análisis no contempla de forma suficiente la práctica estructural de rotaciones agrícolas, elemento central del sistema productivo argentino.
- Evolución del área sembrada con soja: se cuestiona la asociación directa entre expansión del cultivo y procesos de cambio de uso del suelo, señalando que la evidencia reciente no respalda esa generalización. “La evolución de la superficie sembrada con soja de primera y de segunda cosecha demuestra la coexistencia y variación de ambos componentes y confirma que parte de la dinámica de la soja en Argentina se explica por los ajustes en el sistema de producción y por el grado de adopción del doble cultivo”, sostienen en el documento.
- Perfil de emisiones: el documento destaca que la soja argentina presenta niveles de emisiones relativamente bajos en términos comparativos, lo que contradice su eventual clasificación como materia prima de alto riesgo.
Para los autores del documento “la aplicación de una fórmula global rígida que no permite considerar eficiencias regionales demostrables ni incorporar datos nacionales validados puede generar efectos equivalentes a una barrera técnica al comercio, en la medida en que condiciona el acceso al mercado con base en parámetros cuya construcción no es totalmente verificable ni adaptable a las realidades productivas diferenciadas”.
Entendiendo que los “objetivos ambientales perseguidos son legítimos”, la postura de las Cámaras remarca que “su implementación debe cumplir con los estándares de razonabilidad técnica, coherencia metodológica y no discriminación”. Es por ello que consideran necesario “avanzar en una revisión técnica de la fórmula del ILUC”.
Se expresa la disposición a participar en un proceso de diálogo técnico estructurado con la Comisión Europea destinado a revisar y fortalecer la base metodológica del sistema, a fin de garantizar que las decisiones regulatorias se basen en criterios transparentes y verificables, compatibles con las obligaciones internacionales aplicables.
“La revisión de la fórmula no solo permitiría corregir posibles distorsiones metodológicas y garantizar una aplicación más proporcional, transparente y verificable del sistema, sino que también reforzaría su legitimidad jurídica y solidez técnica en el marco del derecho internacional aplicable, garantizando que el instrumento regulatorio cumpla de manera efectiva y coherente su objetivo final de mitigar el cambio climático sin generar efectos adversos innecesarios en la seguridad alimentaria y energética mundial”, subrayaron desde CIARA y CARBIO.
En definita, ambas entidades sostienen que la propuesta regulatoria se aparta de la evidencia técnica disponible y de la realidad productiva del país. En ese sentido, plantean la necesidad de que la Unión Europea revise los criterios aplicados y retire la iniciativa en su formulación actual.
El documento completo presentado en la consulta pública puede consultarse al pie de esta nota.
Metodología ILUC de la UE Evaluación técnica Caso Argentina
