Un caso de trata de personas en Santa Fe avanza hacia juicio oral: la fiscalía presentó la acusación contra un productor rural de 25 años y estimó un pedido de 8 años de prisión por haber reducido a la servidumbre a trabajadores en un campo de frutillas.
La acusación fue formulada por los fiscales federales Walter Rodríguez, cotitular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe; la fiscal coadyuvante Milagros Traverso; y el fiscal general Marcelo Colombo, cotitular de la PROTEX, que atribuyen al acusado el delito de trata de personas agravado por el abuso de la vulnerabilidad, la cantidad de víctimas y la consumación del hecho.
Acusación por explotación laboral en un campo de frutillas
La investigación determinó que al menos 20 personas fueron captadas en la provincia de Chaco y trasladadas a un establecimiento ubicado en Arroyo Leyes, donde eran sometidas a condiciones de trabajo inhumanas.
Según la fiscalía, el imputado implementó un sistema de captación, traslado y acogimiento de trabajadores, aprovechando su situación de vulnerabilidad estructural. La acusación sostiene que financiaba los viajes y luego descontaba esos costos de los salarios, generando un esquema de endeudamiento.
El caso se originó en septiembre de 2025, tras la denuncia de tres víctimas que lograron escapar del predio. Posteriormente, un allanamiento permitió identificar a decenas de trabajadores en el lugar.
“Debe valorarse la naturaleza y gravedad del hecho, ya que el caso se inscribe dentro de una modalidad delictiva particularmente lesiva, como lo es la trata de personas con fines de reducción a servidumbre, fenómeno criminal que constituye una de las manifestaciones contemporáneas más severas de vulneración de los derechos fundamentales, en la medida que implica la cosificación de la persona y la supresión fáctica de su libertad y dignidad mediante mecanismos de sometimiento económico, social y material”, sostuvieron los fiscales.
Los testimonios incorporados a la causa describen un escenario de reducción a la servidumbre: jornadas laborales de más de 12 horas, sin descanso semanal, viviendas precarias y falta de acceso a agua potable y sanitarios adecuados.
De acuerdo con la acusación, los trabajadores dormían en galpones o construcciones improvisadas, utilizaban bidones de agroquímicos para almacenar agua y debían higienizarse en zonas de monte.
Durante el procedimiento judicial se secuestraron más de 10 millones de pesos, dólares, armas de fuego y documentación que registraba descuentos aplicados a los trabajadores por insumos básicos. También se incautó un vehículo que habría sido utilizado en la operatoria, sobre el cual se solicitó su decomiso.
Para el Ministerio Público Fiscal, la evidencia permite sostener la existencia de un sistema organizado de explotación laboral orientado a maximizar ganancias a partir de la vulnerabilidad de las víctimas. La presentación de la acusación es el paso previo a la audiencia de control, donde se definirá si el caso avanza a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
Con información de fiscales.gob.ar
