La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó su satisfacción ante una serie de fallos judiciales que comienzan a ordenar el sistema de tasas viales rurales, estableciendo límites claros al cobro por parte de los municipios.
En distritos como Daireaux y Azul, recientes decisiones de la Justicia se suman a una línea jurisprudencial que ya había tenido un antecedente clave en Carlos Casares, donde la productora Andrea Passerini obtuvo un fallo firme que declaró la ilegitimidad de la tasa vial ante la falta de prestación efectiva del servicio.
Fallos que refuerzan la legalidad y la contraprestación
Estos pronunciamientos consolidan un principio central que la entidad viene sosteniendo: toda tasa municipal debe estar respaldada por una contraprestación concreta, medible y verificable. En caso contrario, advierten, el tributo se convierte en un impuesto encubierto, vulnerando garantías constitucionales.
Uno de los puntos más relevantes se dio en el caso de Azul, donde la Justicia no sólo cuestionó la aplicación del tributo, sino también su validez formal, al considerar que no fue aprobado con la mayoría requerida, lo que refuerza la necesidad de respetar los procedimientos legales en materia tributaria.
En paralelo, distintos procesos judiciales en la provincia reflejan una problemática extendida: productores que abonan tasas viales sin recibir un adecuado mantenimiento de los caminos rurales, lo que ha derivado en un creciente número de reclamos en múltiples distritos.
Desde CARBAP señalaron que estos fallos no sólo resuelven casos puntuales, sino que envían una señal institucional clara: la presión fiscal no puede sostenerse al margen de la legalidad ni desvinculada de servicios reales.
“El campo no rehúye sus obligaciones. Exige reglas claras, transparencia en el uso de los recursos y una correspondencia efectiva entre lo que se paga y lo que se recibe”, remarcaron.
La entidad subrayó además que la red vial rural es estratégica no sólo para la producción, sino también para la educación, la salud y el arraigo, por lo que su deterioro resulta incompatible con niveles crecientes de carga tributaria.
En este contexto, instaron a los municipios a revisar sus esquemas, mejorar la eficiencia en la gestión y garantizar que cada tasa tenga sustento en servicios concretos. También advirtieron que la judicialización, lejos de ser deseable, es consecuencia directa de la falta de respuestas.
La conclusión es contundente: transparencia y contraprestación no son consignas, sino condiciones indispensables para un sistema tributario justo y sostenible.
