Lo que se creía el 9 de enero como el inicio de la vacunación contra el Covid-19 en Perú no ha sido tal. En paralelo a los ensayos clínicos que se emprendieron en el país en septiembre de 2020.
La revelación conocida como “vacunagate” estalló el 15 de febrero, cuando el presidente encargado Francisco Sagasti informó al país que 487 personas ya habían accedido a la vacuna candidata del laboratorio chino Sinopharm fuera de los ensayos. Si bien un gran número correspondía, justificadamente, a personal de la investigación, otros ciudadanos se habrían favorecido por mero privilegio.
Los nombres más sonantes: Martín Vizcarra, quien fue presidente hasta el 9 de noviembre de 2020 tras ser vacado por el Congreso; su esposa Maribel Díaz; y su hermano César Vizcarra. Tanto el exjefe del Estado como la exprimera dama recibieron las dos dosis entre inicios y fines de octubre, mientras que el hermano fue inoculado entre octubre y noviembre.
Pero, además de Vizcarra y su entorno familiar, también fueron secretamente inmunizadas Elizabeth Astete y Pilar Mazzetti, exministras de la gestión de Sagasti. Astete, quien se desempeñaba como canciller del Perú, había admitido su irregular vacunación en su carta de renuncia del último domingo. De Mazzetti, quien era ministra de Salud y había renunciado días antes, no se tuvo la confirmación sino hasta el mensaje televisado de Sagasti.
La extitular del sector sanitario recibió una primera dosis el 12 de enero y una segunda, el 6 de febrero. Al día siguiente de la publicación de la lista de vacunados ‘VIP’, el Gobierno la retiro de su funciones por resolución. El 10 de febrero Mazzetti había referido públicamente que se vacunaría acabada la fase de prioridad para el personal de salud.
Mazzetti renunció luego de que el Congreso la citara para explicar lo ocurrido y empezara a resonar un pedido de censura en su contra. En ese contexto, la entonces ministra había dicho desconocer sobre vacunaciones preferenciales.
El 13 de febrero, el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio, renunció a su puesto. Este revelaría que sí se había inmunizado, al igual que el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del mismo sector, Víctor Bocángel.
Además, ambos exviceministros le habían dicho al actual ministro de Salud, Óscar Ugarte, que Mazzetti sí conocía sobre sus inoculaciones. El 14 de febrero, la canciller Elizabeth Astete renunció a su cargo, tras admitir que también se había vacunado en secreto.
El 15 de febrero hubo mayor claridad sobre las omisiones de Mazzetti, cuando el presidente Francisco Sagasti finalmente confirmó que ella aparecía en la lista de beneficiados junto a Martín Vizcarra, la excanciller Astete y otros cientos de personas. La relación de nombres se hizo pública en pocas horas. Al menos el 25% correspondía a trabajadores del Estado.
El ‘Vacunagate’ sirvió para conocer que el laboratorio chino había enviado un lote extra de 3.200 dosis efectivas cuando se iniciaron los ensayos en Lima. Este total, según el protocolo del estudio, se suponía dirigido al equipo encargado de la investigación científica.
Son 56 los médicos que, en total, accedieron irregularmente al lote extra de Sinopharm. En un comunicado, el Colegio Médico del Perú (CMP) informó sobre la apertura de un proceso disciplinario a estos profesionales de la salud.
En entrevista con France 24, el presidente del Comité de Ética del CMP, Alfredo Celis López, explicó que en este procedimiento están incluidos Germán Málaga, Pilar Mazzetti y el vicedecano Ciro Maguiña.
“El accionar tiene matices de ilegalidad administrativa, falta ética grave y no se descartan cargos penales, aunque eso último ya lo definirán los abogados. En esa lista hay personas que figuran como ‘consultores’, ‘invitados’, ‘entorno cercano’, ‘allegados’ (…) Sigue pendiente que se esclarezca a qué se refieren esas denominaciones y cómo se justifica que dichas personas hayan accedido a la vacuna”, dijo.
Este último miércoles, en conferencia de prensa, la presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Violeta Bermúdez, aseguró que el Gobierno actual ya no cuenta con los servicios de 16 funcionarios cuyos nombres están en la lista del ‘Vacunagate’. Ocho pertenecían al Ministerio de Salud y los otros ocho, al Ministerio de Relaciones Exteriores – Cancillería.
