La normativa sobre aplicaciones de fitosanitarios suma su trigésima prórroga y continuará suspendida por otros 120 días. El Gobierno bonaerense asegura que sigue trabajando en un protocolo para zonas sensibles y en herramientas de control territorial.
Ocho años después, la resolución sigue sin entrar en vigencia. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a prorrogar la suspensión de la Resolución 246/18, la controvertida normativa que establecía pautas para la aplicación de agroquímicos y que, tras una fuerte polémica, fue suspendida por la propia gestión de María Eugenia Vidal antes de que pudiera entrar en vigencia.
Con esta decisión, la normativa acumula ya treinta prórrogas consecutivas y continúa sin aplicación efectiva, a pesar de haber sido dictada hace más de ocho años. Durante ese tiempo, distintas administraciones provinciales intentaron avanzar en una regulación definitiva sin lograr consensos que permitan resolver una problemática que combina producción agropecuaria, salud pública, ambiente y autonomía municipal.
Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario explicaron que la nueva extensión permitirá continuar con el desarrollo del Sistema de Gestión Integral de la Receta Agronómica Obligatoria (Sigirao) y avanzar en la elaboración de un protocolo específico para aplicaciones en zonas de amortiguamiento o áreas consideradas sensibles.
La resolución también destaca el trabajo realizado por el Observatorio Técnico de Agroquímicos, creado en 2020 con el objetivo de reunir información científica y técnica sobre el uso de fitosanitarios y sus impactos. A ello se suma el relevamiento de ordenanzas municipales, mecanismos de fiscalización y capacidades de control existentes en los distintos distritos bonaerenses.
Otro de los avances mencionados por la cartera que conduce Javier Rodríguez es la implementación de un sistema de georreferenciación de restricciones territoriales, una herramienta que permite identificar y representar de manera gráfica las limitaciones vigentes para las aplicaciones de agroquímicos en cada municipio.
Según indicaron desde el Ministerio, actualmente continúan las mesas de trabajo entre distintas áreas técnicas para definir un protocolo de aplicación que permita compatibilizar la producción agropecuaria con criterios de sustentabilidad ambiental y resguardo de las comunidades cercanas a las zonas de aplicación.
La Resolución 246 fue impulsada a fines de 2018 por el entonces Ministerio de Agroindustria bonaerense. La normativa generó una inmediata reacción de organizaciones ambientalistas debido a que no establecía distancias mínimas de exclusión para fumigaciones y limitaba las restricciones en torno a establecimientos educativos únicamente al horario escolar.
Frente a las críticas, la gestión de Vidal decidió suspender su entrada en vigencia en febrero de 2019 y convocó a una mesa interdisciplinaria para elaborar un nuevo protocolo. Además, incorporó recomendaciones para evitar aplicaciones en las inmediaciones de escuelas.
A más de seis años de aquella suspensión inicial y bajo una nueva administración provincial, la discusión sobre las reglas definitivas para la aplicación de agroquímicos en Buenos Aires continúa abierta, mientras persisten fallos judiciales, regulaciones municipales diversas y posiciones contrapuestas entre sectores productivos y organizaciones ambientales.
