La elaboración del cálculo de gastos y recursos del Estado nacional, en reemplazo de la iniciativa que elevó en septiembre pasado al Congreso el ex ministro Hernán Lacunza, es una de las prioridades del ministro de Economía, Martín Guzmán, junto con la renegociación de la deuda pública.
El presidente Alberto Fernández había anticipado ya antes de su asunción el diseño del nuevo Presupuesto, ya que “todavía no hay un conocimiento real de los números que deja la gestión de Mauricio Macri”. Y agregó: “El Presupuesto actual está dibujado, no quiero dibujar otro, quiero hacer las cosas bien, por eso decidí prorrogarlo hasta marzo o abril”.
Habitualmente el cronograma de elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional se extiende entre mayo y comienzos de septiembre de cada año, en un intenso trámite en el que participan también las autoridades provinciales, a cuyas jurisdicciones se destinan distintas transferencias.
El proceso se inicia con la constitución del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), a la que continúan dos semanas en las que se realiza la proyección de las variables macroeconómicas, en este caso correspondientes al período 2020-2022.
Previsiblemente en los primeros días de enero se procederá a la programación del servicio de la deuda pública interna y externa, así como del perfil de vencimientos, con detalle de conceptos como intereses, amortizaciones, comisiones y tipo de acreedor para el próximo trienio.
En el mismo lapso se programarán los gastos a financiar con préstamos de organismos internacionales de crédito y convenios bilaterales.
Luego será el turno de la proyección de los recursos tributarios y las contribuciones a la Seguridad Social.
En forma simultánea, cada jurisdicción y entidad formulará de forma descentralizada los distintos anteproyectos con las previsiones de gastos corrientes, de capital (inversiones), las aplicaciones financieras y las mediciones físicas de programas y proyectos.
