Desde Confederaciones Rurales Argentinas informaron que “desde hace aproximadamente diez años, la Patagonia, sus habitantes y sobre todo los productores, vienen sufriendo un sinnúmero de atentados, cortes de ruta, usurpaciones, incendios y delitos contra la propiedad, perpetrados bajo el supuesto amparo de una reivindicación Mapuche”. Además, reclamaron “que no abandone a sus ciudadanos patagónicos y ponga orden, justicia y paz, permitiendo recuperar la vida normal de toda la región”.
Para CRA en el presente, “los hechos vandálicos se han multiplicado y agravado, por su violencia e irracionalidad, poniendo en peligro, la paz social, la vida y el trabajo de la población”.
Sin embargo para la entidad ni la política ni la Justicia (salvo pocas excepciones) han dado respuestas “adecuadas, rápidas y certeras, permitiendo con su pasividad que los casos puestos a su arbitrio, resulten morosamente tratados, sin respuestas agiles y prolongando, cuando no aumentando, la conflictividad”.
“El Gobierno nacional, ausente de su rol institucional, ha prestado, por acción u omisión, apoyo logístico, económico e ideológico, estableciendo en algunos casos, mesas de diálogo, que solo logran estirar hasta el infinito las usurpaciones, consolidando la ejecución de hecho de intrusiones en los campos, dilatando su resolución y eludiendo la definición categórica, de donde está el derecho y que limites son infranqueables frente a la propiedad privada”, expresaron en una comunicación a la prensa.
Normativa de territorio indígena
En un análisis sobre la Ley 26.160, los confederados sostuvieron que sirvió para “crear una atmósfera de consolidación de usurpaciones, al disponer la suspensión de los desalojos, durante su vigencia, esto, en la práctica significa que a nuevas usurpaciones se las protege, con la prohibición de desalojos, que la aludida norma dispone”.
La Ley 26.160 estableció la realización de los censos provinciales respectivos, para determinar aquellas tierras ocupadas en forma, tradicional, actual y pública. Sin embargo, “la demora en la ejecución de los censos, hace que reiterativamente se prolongue su vigencia, sin incorporarle las modificaciones que la propia experiencia indica como necesarias”, aclararon.
Es por ello que consideraron que “los organismos del Estado Nacional deben ser los custodios de la paz social y no los artífices o acompañantes por omisión de hechos vandálicos”. Además solicitaron “una posición clara, fundada en derecho y en respeto a las normas constitucionales, sobre los auténticos reclamos de las comunidades originarias y rechazando en forma inclaudicable, la violencia, el delito, la fuerza bruta, el daño, los incendios, el amedrentamiento, como forma de reclamo de quienes se sienten con derechos”.
