El Gobierno nacional envió este viernes a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca ampliar la cantidad de contribuyentes que puedan adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias e incentivar la incorporación de dólares que actualmente permanecen fuera del sistema financiero.
La propuesta, firmada por el presidente Javier Milei, será tratada durante la primera semana de agosto, cuando se reanude la actividad parlamentaria. El oficialismo aspira a convertirla en ley antes de fin de ese mes, aunque para lograrlo deberá alcanzar acuerdos con bloques aliados, ya que La Libertad Avanza no cuenta con los votos suficientes para aprobar la iniciativa en soledad.
Las negociaciones estarán centradas en el radicalismo, el PRO, Innovación Federal, Producción y Trabajo y Provincias Unidas, tanto para obtener dictamen en las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal como para reunir el respaldo necesario en el recinto.
Uno de los aspectos que podría generar mayor debate es la posibilidad de que funcionarios públicos también puedan adherir al régimen. El punto despierta cuestionamientos dentro de sectores aliados, especialmente luego de la polémica generada por la adhesión del exjefe de Gabinete Manuel Adorni tras el incremento de su patrimonio.
Más contribuyentes y nuevos criterios de control
Uno de los principales cambios que propone el proyecto es la ampliación del universo de personas que podrán optar por el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. De aprobarse la reforma, podrán adherir todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país.
Hasta el momento, el régimen estaba limitado a quienes registraban ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostiene que la iniciativa busca “democratizar el acceso a un sistema que facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, simplificando los procesos para un mayor número de contribuyentes.
En materia de controles, la propuesta mantiene las facultades de ARCA para fiscalizar a los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria, aunque redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que habilita la revisión de las declaraciones juradas.
Según el texto, esa discrepancia se configurará cuando una fiscalización determine un incremento del impuesto o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.
La iniciativa también establece que quienes adhieran al régimen deberán canalizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Además, los fondos ingresados bajo estas condiciones podrán acceder a los beneficios previstos por la Ley 27.799 hasta el 31 de diciembre de 2027, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá dictar normas para considerar la adhesión al régimen como un antecedente favorable en los controles de prevención del lavado de activos.
No obstante, el proyecto aclara que esa condición no exime a bancos, entidades financieras y demás sujetos obligados de cumplir con los procedimientos de identificación de clientes, debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas.
