La Bolsa de Cereales de Entre Ríos se presentó como amicus curiae ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) en los amparos que cuestionan la constitucionalidad de artículos de la ley provincial que fijan distancias de exclusión para la aplicación de productos fitosanitarios.
La decisión institucional fue comunicada tras un encuentro encabezado por el presidente de la entidad, Héctor Bolzán, con el ministro de Desarrollo Económico de la provincia, Guillermo Bernaudo. En la reunión también participaron el secretario de Agricultura y Ganadería, Raúl Boc Ho; la directora de Agricultura, Carina Gallegos; representantes de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos y de la Cooperativa La Ganadera de General Ramírez, en carácter de tercer interesado en la causa.
Distancias de exclusión y debate sobre el impacto productivo
El eje de la controversia se remonta a 2019, cuando el STJ ordenó al Poder Ejecutivo y a la Legislatura provincial avanzar en una ley que regulara las distancias de exclusión para aplicaciones de fitosanitarios, junto con otras determinaciones vinculadas a la actividad.
A partir de ese fallo, durante las gestiones de Gustavo Bordet y luego de Rogelio Frigerio, se desarrolló un proceso técnico e institucional que derivó en la presentación de un proyecto de ley en 2024. La iniciativa fue debatida durante más de un año en la Cámara de Diputados, especialmente en la Comisión de Ambiente, incorporando aportes de distintos sectores.
Según la Bolsa, el texto finalmente sancionado se construyó sobre evidencia científica, con un proceso amplio y participativo, y estableció mecanismos de resguardo que incluso superan estándares considerados razonables por la propia ciencia.
Sin embargo, un año después de su aprobación, se promovieron acciones de amparo que cuestionan dos artículos vinculados a las distancias de aplicación. En ese marco, también se discute la posible adopción de criterios judiciales previos que fijan 1.095 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para aplicaciones aéreas, parámetros que, de generalizarse en todo el territorio provincial, tendrían —según la entidad— consecuencias significativas sobre la producción agropecuaria, el uso del suelo y la sostenibilidad económica de amplias zonas rurales.
El informe técnico de BolsaCER
En su presentación ante el STJ, la Bolsa acompañó un análisis espacial de afectación en superficie agrícola, tomando como referencia restricciones de 1.095 y 3.000 metros en zonas como Loteo Tierra Alta y Aldea Salto.
El estudio estima que la imposibilidad de producir 33.700 toneladas de trigo y maíz implicaría una merma equivalente a más de 112.300.000 platos de comida, considerando que estos granos constituyen la base de alimentos derivados de harinas.
“La imposibilidad de producir 33.700 toneladas de trigo/maíz debido a las restricciones de los amparos judiciales no es solo un problema de cifras agrícolas; es un problema de seguridad alimentaria”, sostiene la conclusión del informe. Y advierte sobre la necesidad de un ordenamiento territorial equilibrado que garantice la convivencia entre desarrollo urbano y producción de alimentos.
La presentación como amicus curiae busca aportar al tribunal una opinión técnica e institucional que fundamente, con datos y análisis, el impacto productivo que podría generar una eventual declaración de inconstitucionalidad de los artículos cuestionados.
